El Gobierno nacional dio este lunes un paso decisivo en su estrategia de ordenamiento institucional y recuperación del desarrollo productivo al enviar al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N.º 26.639. La presentación fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, en el que el Poder Ejecutivo sostiene que la norma vigente, sancionada en 2010, presenta “graves falencias interpretativas” que derivaron en inseguridad jurídica, parálisis de inversiones y un avasallamiento de las competencias provinciales.
Según el texto oficial fechado el 15 de diciembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto impulsado por el presidente Javier G. Milei busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. En esa línea, el Ejecutivo cuestiona que, durante más de 15 años, la “mal llamada Ley de Glaciares” haya sido utilizada como una herramienta discrecional que, “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.
El comunicado remarca que la reforma propone reglas claras y previsibles: protege exclusivamente a los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad normativa que afectó tanto a la inversión privada como al legítimo ejercicio de los derechos provinciales sobre los recursos naturales. Para el Gobierno, no se trata de debilitar la protección ambiental, sino de compatibilizarla con el desarrollo humano y productivo, tal como lo exige la Constitución.
En respaldo jurídico, el proyecto reafirma dos pilares constitucionales. Por un lado, el artículo 41, que establece la obligación de proteger el ambiente “sin impedir el desarrollo humano”. Por otro, el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En función de ello, la iniciativa fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, con el objetivo de contar con información “precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”.
