La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del pago por el juicio de expropiación iniciado tras la estatización de la petrolera en 2012. El fallo, que aún puede ser apelado, se enmarca en la condena que ya pesa sobre el Estado nacional por más de USD 16.000 millones.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo del escándalo internacional provocado por la irresponsabilidad con la que Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner llevaron adelante la estatización de la principal empresa energética del país. En su momento, el entonces ministro de Economía, con el aval de la expresidente, avanzó con la confiscación de las acciones de Repsol sin cumplir con los mecanismos legales ni contractuales establecidos. Esa improvisación y desprecio por el derecho internacional hoy le cuestan miles de millones a la Argentina.
