El Gobierno de Javier Milei avanza con un ambicioso plan de privatización de empresas públicas, con un fuerte enfoque en la venta de Aerolíneas Argentinas.
Este proceso, que ha generado amplio debate, busca deshacerse de todas las sociedades con participación estatal, siguiendo el principio de que "el Estado no debe ser empresario". A pesar de las medidas de fuerza impulsadas por los gremios, el gobierno continúa firme en su decisión de desprenderse de las empresas estatales.
El gobierno, encabezado por Milei, ha señalado repetidamente la necesidad de vender todas las empresas públicas, incluidas las estratégicas. Este plan está siendo dirigido por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, quien responde políticamente a Santiago Caputo y coordina con altos funcionarios como Federico Sturzenegger y Luis Caputo, ministro de Economía.
El objetivo del gobierno es acelerar el proceso privatizador, con Aerolíneas Argentinas como el caso testigo. La compañía ha sido foco de una serie de reclamos sindicales que afectaron sus operaciones, dándole a Milei un argumento sólido para promover su venta o cesión.
El Ejecutivo ya ha iniciado conversaciones con firmas internacionales para explorar posibles compradores, liquidaciones o concesiones de rutas.
Plan de privatización y enfoque estratégico
El plan del gobierno incluye la privatización de 59 empresas y subsidiarias, abarcando sectores clave como energía, transporte, tecnología y defensa. Entre las compañías estatales afectadas se encuentran ENARSA, IMPSA, ARSAT, Banco Nación, Fabricaciones Militares, AYSA y Casa de la Moneda, entre otras.
La administración contempla varias opciones para deshacerse de estas empresas, incluyendo la venta directa, concesiones y salidas a la Bolsa bajo el régimen de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Uno de los casos más destacados es el de IMPSA, la empresa con sede en Mendoza que podría ser la primera en salir al mercado, aunque depende de la aprobación de la Legislatura provincial.
El enfoque inicial está en transformar las sociedades del Estado en sociedades anónimas, lo cual facilitaría su cotización en la Bolsa. Según fuentes oficiales, el plan es avanzar con un grupo de empresas en lugar de casos aislados, con una oferta inicial para conocer su valor en el mercado.
