El procurador Casal pidió que la Corte extienda a 12 años de prisión la condena a CFK

El máximo tribunal deberá resolver ahora tanto el planteo de Casal como el recurso de la defensa de Cristina Kirchner, que insiste en su absolución, al igual que los abogados del resto de los condenados: el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional José Periotti, y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

Cabe recordar que en diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a la expresidente a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, y la absolvió por el cargo de asociación ilícita. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó esa decisión en noviembre de 2023. En ambos fallos hubo mayoría de 2 a 1, con votos disidentes que consideraron que Cristina Kirchner debía ser condenada también por asociación ilícita.

Esa había sido la solicitud de los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, junto con el fiscal de Casación, Mario Villar, quienes reclamaron una pena de 12 años. Tanto el tribunal oral como la Cámara de Casación descartaron la existencia de una asociación ilícita, al considerar como un único hecho las irregularidades detectadas en las 51 obras públicas adjudicadas entre 2003 y 2015 —durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner— a empresas vinculadas a Lázaro Báez. Según los magistrados, no se evidenció una multiplicidad de delitos que permita configurar una asociación ilícita.

Además, añadió que “efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna”.

Asimismo, Casal subrayó que la Cámara de Casación no respondió al planteo del Ministerio Público Fiscal sobre que los hechos ocurrieron a lo largo de tres gobiernos, en un lapso de 12 años.

El procurador también avaló la solicitud de anular las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex titular de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.

Finalmente, el procurador Casal respaldó la solicitud del fiscal Villar para que se disponga el decomiso de $5.321.049.272,42 a los condenados. Esa cifra corresponde al valor actualizado del perjuicio económico al momento de hacerse efectiva la sentencia.

Este monto había sido reducido por la Cámara de Casación. “El Ministerio Público presentó un detallado y minucioso cálculo que no obtuvo por parte de la cámara tratamiento alguno, ya que sólo fue desestimado mediante una fórmula abstracta”, criticó Casal en referencia a la decisión del tribunal.

De este modo, con su dictamen, Casal solicitó que Cristina Fernández de Kirchner, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez sean condenados por el delito de asociación ilícita. También pidió lo mismo respecto de Julio De Vido.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema de Justicia que se condene a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, vinculada a la obra pública adjudicada en la provincia de Santa Cruz.

Casal presentó un dictamen de 13 páginas en el que sostuvo la postura original de la Fiscalía, que había pedido una condena más severa que la actual. En ese sentido, también requirió que el monto del decomiso contra los condenados se eleve a 5.321.049.272,42 pesos.

Con este dictamen, la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quedó en condiciones de pronunciarse sobre el caso. El fallo genera una fuerte expectativa, ya que además de la condena incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que cobra especial relevancia en un año electoral, ante la posibilidad de que la corrupta expresidente se postule en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional.

En su dictamen de hoy, el procurador Eduardo Casal respaldó la apelación presentada por el fiscal Villar. “El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, expresó Casal.