En un fallo que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción política en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena única de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta contra Milagro Sala, dirigente de la organización Tupac Amaru. La decisión del máximo tribunal, que rechazó un recurso de queja presentado por la defensa, unifica y ratifica sentencias firmes por delitos cometidos entre 2009 y 2014, incluyendo asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.
El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en el marco del acuerdo semanal de la Corte, y representa una validación definitiva de lo resuelto por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy el 10 de febrero de 2023. Con esta resolución, Sala, de 61 años y actualmente bajo prisión domiciliaria por razones de salud, deberá cumplir la condena consolidada que distintas instancias judiciales ya habían confirmado.
Milagro Sala-
El cómputo de la pena se basó principalmente en dos condenas. La primera, dictada el 14 de enero de 2019, corresponde a la causa conocida como “Pibes Villeros”. En ella, se comprobó que Sala encabezaba una asociación ilícita dedicada al desvío sistemático de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas para sectores vulnerables en Jujuy. La estructura que lideraba centralizaba y redistribuía recursos estatales hacia cooperativas bajo su control, muchas de las cuales nunca ejecutaron los proyectos habitacionales comprometidos. Parte de ese dinero, según se acreditó, era entregado en efectivo a Sala y a integrantes de su círculo cercano.
Por estos hechos, el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy la condenó a 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período, por los delitos de asociación ilícita como jefa, fraude a la administración pública y extorsión, todos en concurso real.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-
La segunda sentencia incorporada a la pena unificada fue dictada el 15 de febrero de 2019 por la Cámara de Casación Penal de Jujuy, y posteriormente ajustada por la Corte local. Se trata de una condena a 2 años de prisión efectiva por dos hechos de amenazas contra personal policial ocurridos el 13 de octubre de 2014, cuando Sala era diputada provincial.
En la primera llamada telefónica, dirigida al oficial Vásquez, la dirigente exigió la devolución de prendas secuestradas a un allegado y amenazó: “Son una manga de maricones y van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos”. Poco después, en una segunda comunicación al teléfono personal de la comisaria Cabero, repitió: “Son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer a mí. Los voy a hacer volar a la mierda, ya me van a conocer”.
Ambas condenas fueron ratificadas en los tribunales provinciales, y los recursos presentados por la defensa de Sala fueron sistemáticamente rechazados tanto por la Cámara de Casación de Jujuy como por la Sala Penal de la Suprema Corte local. Finalmente, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, con esta resolución unánime, consideró improcedente el recurso de queja y cerró definitivamente la vía judicial.
El pronunciamiento del alto tribunal representa un paso clave en la consolidación del Estado en el país. En un contexto de recuperación institucional y transparencia impulsado por el gobierno de Javier Milei, la firmeza de la Justicia en casos emblemáticos como el de Milagro Sala envía un mensaje inequívoco: la impunidad estructural que durante años protegió a redes político-delictivas empieza a desmoronarse.
