La denuncia, impulsada por los apoderados legales de Provincias Unidas, fue ampliada contra Tepp y Martínez, quienes fueron intimados a dar explicaciones ante la Justicia por los movimientos financieros detectados.
Una ONG bajo sospecha
El caso tomó especial repercusión en Rosario y Santa Fe, donde la ONG 29 de Abril había sido históricamente reconocida por su labor social. De confirmarse las irregularidades, se trataría de un grave caso de malversación de fondos públicos en plena campaña electoral.
De acuerdo con los documentos judiciales, los pagos sospechosos se destinaron a agencias de publicidad y manejo de redes sociales para promover candidatos de Fuerza Patria, algo prohibido por el estatuto de la organización.











