En medio de una votación plagada por polémicas, la Legislatura de Santa Fe aprobó los tres pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para la conformación de la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, un tribunal clave en la estrategia de seguridad de la provincia. Sin embargo, la votación no estuvo exenta de controversias, ya que dos de los postulados generaron desacuerdos con la oposición, obligando al oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe a imponer su mayoría para avanzar con la designación.
La Cámara de Ejecución Penal, compuesta por tres jueces, fue creada dentro del paquete de leyes enviadas por Pullaro al inicio de su mandato para fortalecer la política de seguridad en la provincia, especialmente en Rosario, una de las ciudades más afectadas por la violencia del narcotráfico. Este tribunal de segunda instancia tendrá la responsabilidad de resolver planteos relacionados con las cárceles de Santa Fe, incluyendo quejas sobre las condiciones de detención y solicitudes de libertad anticipada, por lo que se considera estratégico en el abordaje de la crisis de seguridad.
Aprobación de los candidatos: Guedes, Haurigot y Pueyrredón
Los candidatos aprobados por la Asamblea Legislativa fueron Marío Javier Guedes, defensor público santafesino; Valeria Haurigot, fiscal de la Unidad Balaceras de Rosario; y Horacio "Chano" Pueyrredón, fiscal de Venado Tuerto. Estos nombres fueron presentados por el gobernador Pullaro, quien enfrentó una ardua discusión en la Legislatura, sobre todo por las candidaturas de Haurigot y Pueyrredón, que no superaron el examen teórico en el proceso de selección.
El acuerdo legislativo fue un triunfo político para la administración de Pullaro, aunque con un alto costo. Las candidaturas de Haurigot y Pueyrredón fueron objeto de fuertes críticas debido a que ambos no aprobaron el examen teórico durante el concurso para sus cargos, siendo eliminados por el jurado evaluador. Sin embargo, ambos impugnaron la decisión y el gobierno, respaldado por el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, decidió mantener sus candidaturas. Cococcioni defendió la decisión afirmando: "Es una decisión política. Si dictan malos fallos, nos haremos cargo".
Críticas de la oposición y el Colegio de Magistrados
El proceso de aprobación también generó críticas desde distintos sectores. El Partido Justicialista (PJ), principal opositor de Pullaro, aprovechó la situación para golpear políticamente al gobernador desde que asumió el cargo. Además, el Colegio de Magistrados, a través de su vicepresidente Iván Kvasina, expresó su desacuerdo con los cambios en los procesos de selección de jueces impulsados por el gobierno provincial, defendiendo la importancia del "orden de mérito" en las designaciones.
Finalmente, Unidos para Cambiar Santa Fe impuso su mayoría en la votación de los pliegos. En el caso de Pueyrredón, obtuvo 40 votos afirmativos frente a 19 negativos, con dos abstenciones de Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué, y la ausencia de ocho legisladores, entre ellos dos figuras clave: el jefe de los senadores peronistas, Armando “Pipi” Traferri, y la diputada Amalia Granata, quien mantiene un fuerte enfrentamiento con Pullaro.
La votación de Valeria Haurigot siguió un patrón similar, aunque con dos votos negativos adicionales. Ambos pliegos fueron votados de manera nominal, es decir, se llamó a cada legislador para que expresara su voto en voz alta, un pedido que provino de la Comisión de Acuerdos, donde tampoco se alcanzó la unanimidad, ya que ambos candidatos solo obtuvieron 8 de los 12 votos.
El defensor público santafesino Marío Javier Guedes no generó tanta controversia y fue aprobado con el respaldo de la mayoría de la oposición, a pesar de haber quedado noveno en el orden de mérito. Solo Carlos Del Frade votó en contra de los tres pliegos, marcando su oposición en todos los casos.
La aprobación de los pliegos para la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria en Santa Fe es un paso importante en la estrategia de seguridad del gobierno provincial, aunque con un alto costo político para el gobernador Maximiliano Pullaro, quien tuvo que enfrentar críticas y controversias para sacar adelante dos de las postulaciones más polémicas. Con la Cámara en funcionamiento, el desafío ahora será su eficacia en la resolución de conflictos penitenciarios y su impacto en la lucha contra la violencia en la provincia.
