La Derecha Diario Quemaron 2 toneladas de alimentos vencidos incautados en comedores de piqueteros
Los productos estaban vencidos y no eran aptos para el consumo humano.
Por disposición del juez federal de Quilmes, Luis Armella, se procedió a la quema de 2.250 kilos de alimentos en mal estado, que habían sido incautados en depósitos vinculados a agrupaciones sociales y piqueteras, actualmente bajo investigación por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales.
La quema de estos productos, que estaban destinados a familias en situación de vulnerabilidad, se realizó el martes 8 de abril, entre las 8 y las 11 de la mañana.
Entre los alimentos destruidos se encontraban leche en polvo, puré de tomate, dulce de batata, lentejas y harina de trigo. Todos estaban vencidos o presentaban condiciones de almacenamiento que los volvían insalubres. Análisis bromatológicos realizados en laboratorios de distintos municipios del Conurbano bonaerense determinaron que los productos no eran aptos para el consumo humano y, por lo tanto, recomendaban su destrucción inmediata para evitar riesgos sanitarios.
"Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad", detallaron los peritos en los informes judiciales.
Los envases de los productos incinerados llevaban etiquetas con leyendas como: "Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires". Estos alimentos estaban incluidos en los 75 expedientes que tramita el juez Armella junto a su secretario, Diego Quiroga.
En estas causas se investiga a más de un centenar de referentes sociales y piqueteros pertenecientes a movimientos como el Evita —liderado por el kirchnerista Emilio Pérsico, ex funcionario de la gestión de Alberto Fernández y ex integrante de Montoneros—, el Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Mariano Ferreyra, el Frente Federal de los Pueblos, la CTD-Aníbal Verón, el Movimiento Resistencia San Jorge, la Cooperativa Martín Fierro y el Movimiento MIM, entre otros.
Durante el operativo de destrucción de alimentos en mal estado se empleó un camión perteneciente a los Talleres Generales de la Prefectura Naval Argentina (TAGEPNA). La planta del CEAMSE ubicada en Pompeya sirvió como escenario para el traslado, trituración e incineración de más de dos toneladas de productos alimenticios vencidos, conforme a la orden judicial emitida por el juez federal Luis Armella.
Los alimentos habían sido incautados en el marco de 24 allanamientos simultáneos realizados a mediados de 2024 en distintas localidades del sur del conurbano bonaerense. Durante esos procedimientos, el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura secuestró más de 3.500 kilos de productos alimenticios vencidos, 104.000 unidades de alimentos que no habían sido distribuidos, $500.000 en efectivo, un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9 mm y 47 dispositivos informáticos.
Además, se confiscaron unas 100 cajas que contenían documentos, planillas de asistencia, registros contables y carpetas con información presuntamente relacionada con maniobras ilícitas.
En uno de los allanamientos se detuvo a un individuo por tenencia ilegal de arma de fuego, y en varios lugares se hallaron pequeñas cantidades de marihuana. El depósito con mayor carga de alimentos en mal estado pertenecía al Movimiento Teresa Rodríguez y estaba ubicado en la calle 511 al 3000, en Florencio Varela.
La causa judicial se originó tras la recepción de más de 70 denuncias a través de la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich.
Las presentaciones fueron realizadas por beneficiarios de planes sociales que denunciaron haber sido víctimas de extorsión y presiones por parte de referentes kirchneristas y dirigentes sociales.
Según sus declaraciones, quienes recibían el entonces programa Potenciar Trabajo eran forzados a participar en movilizaciones, cortes de calles o actividades políticas, bajo amenaza de perder la ayuda económica o el acceso a comedores comunitarios. También se registraron casos en los que se exigía entregar parte del subsidio como condición para conservar el beneficio.
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