La Derecha Diario Eduardo Belliboni irá a juicio oral por extorsión y fraude con dinero público
El juicio oral deberá determinar si existió una estructura criminal organizada que operó al amparo del Potenciar Trabajo
El titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue enviado a juicio oral y público por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que lo investiga por supuesta extorsión a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y defraudación al Estado nacional. La decisión también alcanza a otras 17 personas, acusadas de participar en una red delictiva con un esquema de administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión.
“La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social vulnerable”, había advertido el fiscal Gerardo Pollicita al requerir la elevación a juicio del caso.
Casanello cerró la etapa de instrucción y ahora corresponde el sorteo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Py que llevará adelante el juicio. El magistrado también citó a declaración indagatoria a un grupo adicional de personas vinculadas a la creación de sociedades pantalla y emisión de facturas falsas, utilizadas para triangular fondos y encubrir los desvíos.
Belliboni y un entramado de poder sobre sectores vulnerables
Según el dictamen del fiscal, Belliboni lideraba una estructura que coaccionaba a los beneficiarios del plan social con el objetivo de obtener fondos “en provecho propio y de terceros”, aprovechando su situación de vulnerabilidad. El fiscal sostiene que las víctimas eran manipuladas para entregar parte del dinero que recibían o para participar en acciones políticas bajo amenaza de perder el beneficio estatal.
Entre los acusados que también enfrentarán el juicio se encuentran María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Gustavo Vásquez y Rossmery Grande Arancibia, entre otros.
La defensa cuestionó la elevación a juicio
Las defensas de Belliboni y los otros implicados intentaron frenar el avance del proceso, cuestionando la legitimidad de la querella del Ministerio de Capital Humano, la supuesta extemporaneidad del requerimiento fiscal y la recusación del fiscal Pollicita. Además, argumentaron que “el Estado no vio perjudicado su patrimonio”, ya que las contraprestaciones acordadas habrían sido cumplidas.
Sin embargo, Casanello desestimó esos planteos. “Se ha reunido numerosa prueba documental, testimonial e informática, suficiente para acreditar —con el grado de certeza requerido en esta etapa— tanto la comisión de los delitos como la participación de los imputados”, sentenció el juez.
Este avance judicial marca un nuevo capítulo en las investigaciones sobre el uso de programas sociales y el eventual aprovechamiento político y económico de sectores vulnerables. El juicio oral deberá determinar si existió una estructura criminal organizada que operó al amparo del Potenciar Trabajo, uno de los planes sociales más masivos del país.
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