La muerte de Ángel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, no solo es investigada como una muerte dudosa, potencialmente ilícita, sino que también reaviva el debate sobre las decisiones judiciales que derivaron en su situación final. En el centro de la escena aparece ahora el juez que intervino en el caso y ordenó su revinculación con la madre, hoy principal sospechosa. Se trata de Pablo José Pérez, titular del Juzgado de Familia N°4, quien dispuso que el niño volviera a vivir con Mariela Altamirano tras una extensa disputa judicial con el padre, Luis López.
La resolución de Pérez, que implicó la restitución de la tenencia a la madre y el inicio de un proceso de revinculación, hoy es duramente cuestionada por el entorno paterno, que denuncia haber advertido sobre posibles riesgos.El padre del menor fue contundente: “A Ángel lo mataron”, afirmó ante la prensa. Y agregó: “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista, si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”. Estas declaraciones ponen el foco en el criterio judicial aplicado, especialmente en un contexto atravesado por denuncias cruzadas de violencia de género entre los progenitores.
