El magistrado dispuso la restitución del menor en medio de una disputa judicial, y su decisión es ahora cuestionada tras la muerte del nene de 4 años y las sospechas de la Fiscalía.
La muerte de Ángel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, no solo es investigada como una muerte dudosa, potencialmente ilícita, sino que también reaviva el debate sobre las decisiones judiciales que derivaron en su situación final. En el centro de la escena aparece ahora el juez que intervino en el caso y ordenó su revinculación con la madre, hoy principal sospechosa. Se trata de Pablo José Pérez, titular del Juzgado de Familia N°4, quien dispuso que el niño volviera a vivir con Mariela Altamirano tras una extensa disputa judicial con el padre, Luis López.
La resolución de Pérez, que implicó la restitución de la tenencia a la madre y el inicio de un proceso de revinculación, hoy es duramente cuestionada por el entorno paterno, que denuncia haber advertido sobre posibles riesgos.El padre del menor fue contundente: “A Ángel lo mataron”, afirmó ante la prensa. Y agregó: “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista, si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”. Estas declaraciones ponen el foco en el criterio judicial aplicado, especialmente en un contexto atravesado por denuncias cruzadas de violencia de género entre los progenitores.
Pablo José Pérez, titular del Juzgado de Familia N°4 de Comodoro Rivadavia
Por su parte, Mariela Altamirano rechazó categóricamente las acusaciones y defendió su accionar: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, aseguró. La mujer sostuvo que fue víctima de violencia de género por parte de su expareja y explicó que había perdido contacto con el niño en ese contexto: “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, relató. Sobre el día del hecho, detalló: “Nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”.
El caso tiene como trasfondo una larga disputa judicial entre los padres, con denuncias cruzadas que fueron tramitadas en el fuero de familia. Según el entorno del padre, incluso se había difundido un video donde el niño lloraba y manifestaba que no quería ir con su madre, lo que refuerza las críticas hacia la decisión judicial. La pareja de Luis López también apuntó contra la madre: “Esa señora asesina, agarró, lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”. Hasta este caso, Pablo José Pérez mantenía un perfil bajo dentro del Poder Judicial. Nacido en Comodoro Rivadavia hace 42 años, se recibió de abogado en 2011 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Ángel, el niño que murió en Comodoro Rivadavia
En octubre de 2022, asumió como juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia y actualmente es titular del Juzgado de Familia N°4. Su designación se produjo tras un concurso público avalado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut, que destacó que “realizó en tiempo y forma su postulación” y le otorgó mérito para el cargo. Sin embargo, su nombre no había estado vinculado a casos de alto impacto hasta ahora.
En el plano penal, el fiscal Facundo Oribones confirmó que la causa se investiga como una muerte “dudosa, potencialmente ilícita”. Además, reveló un dato clave: “La autopsia reveló diversos traumatismos en la zona craneal”, aunque aclaró que aún falta el informe histopatológico para determinar si fueron lesiones voluntarias o accidentales. “Dependemos del informe de laboratorio para saber la causa de muerte precisa”, explicó.
Por su parte, el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, señaló: “Desde el ámbito penal no teníamos ningún indicador o alerta previa que nos haga sospechar de que algo podría estar pasando con este menor”. También indicó que no existían denuncias activas por riesgo hacia el niño, ya que las anteriores habían sido desestimadas o archivadas por falta de pruebas. Actualmente, tanto Altamirano como su pareja permanecen bajo vigilancia policial y tienen prohibido salir de la ciudad.
