El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, enfrenta serias acusaciones de corrupción en su gestión, generando dudas sobre su ética e integridad en el servicio público. Entre las principales denuncias se destacan la malversación de fondos públicos y la concesión de terrenos fiscales a su entorno cercano, en un entramado de sospechas que pone en el centro de la polémica a la administración local.
Uno de los episodios más controvertidos en la gestión de Grasso es la concesión de un terreno fiscal a la empresa PERMACO S.R.L., propiedad de su socio Gustavo Mamani. En diciembre de 2022, la Municipalidad de Río Gallegos firmó un contrato de comodato por 50 años con dicha empresa, permitiéndole el uso de un terreno de 497 metros cuadrados para la construcción de un restó-bar. Este contrato fue ratificado en marzo de 2023.
Lo que agrava la situación es que, dos semanas antes de esta ratificación, PERMACO S.R.L. se asoció con Mg&V S.A.S., una empresa de Silvina Valeria Segurondo, esposa de Grasso, dedicada a la explotación de bares y restaurantes.