El juez Rafecas dispuso consigna policial para evitar movimiento de bienes mientras avanza la causa.
Mientras tanto, el fiscal Ramiro González impulsó una batería de medidas orientadas a determinar quiénes son realmente los propietarios de la mansión de más de 105.000 metros cuadrados, equipada con pista de entrenamiento para caballos, haras con ejemplares árabes y pura sangre, helipuerto y —según la denuncia— hasta 120 autos de colección, varios de ellos radicados en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino.
La propiedad figura a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos responsables serían Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. Para los denunciantes, ambos carecen de un nivel patrimonial compatible con el inmueble. Pantano, ex presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ex tesorero de Almirante Brown, figura inscripto en el monotributo con un tope anual de facturación de $40 millones y deudas bancarias recientes. Conte, por su parte, fue monotributista hasta 2012, cobró el IFE durante la pandemia, obtuvo una jubilación bajo PAMI y recién en 2022 pasó a inscribirse como autónoma con ingresos declarados de apenas $15.000 mensuales, coincidiendo con su aparición como accionista mayoritaria de la firma.
Ante estas inconsistencias, Rafecas ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de ambos, pedir a la UIF reportes de operaciones sospechosas y analizar si poseen otras propiedades, vehículos, embarcaciones o movimientos financieros relevantes. También pidió a la Administración Nacional de Aviación Civil que informe si el helipuerto del predio está habilitado, algo que la Coalición Cívica ya había puesto en duda.
El magistrado también dispuso tasar de manera exhaustiva el valor real del inmueble, para lo cual convocó al Cuerpo de Peritos de la Corte y al Colegio de Martilleros de San Isidro. Aunque la oposición reclamaba un allanamiento inmediato, Rafecas no lo autorizó al considerar que aún no existe un vínculo suficientemente acreditado entre la sociedad propietaria y los dirigentes de la AFA para habilitar el allanamiento.
La custodia policial permanece activa desde el viernes y continuará hasta que la Cámara resuelva quién llevará adelante el caso, que sigue sumando elementos que comprometen cada vez más a la estructura patrimonial atribuida a Tapia y Toviggino.
La Justicia federal ordenó custodiar la lujosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, señalada como parte de una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino. La medida fue dispuesta por el juez Daniel Rafecas, quien ordenó a la Policía Federal instalar consignas en todos los accesos para identificar a quienes ingresen o egresen y registrar vehículos o bienes que se movilicen desde el predio. El objetivo: evitar que se manipulen posibles evidencias mientras se resuelve qué fuero retendrá la causa.
El expediente, iniciado tras la denuncia de Elisa Carrió y los dirigentes Matías Yofe y Facundo del Gaiso, quedó envuelto en una disputa de competencia. Rafecas lo remitió al fuero Penal Económico al considerar que no había funcionarios públicos involucrados, pero el juez Javier López Biscayart también se declaró incompetente y devolvió el caso. La Cámara Federal deberá resolver esta semana dónde quedará radicada la investigación.
