La medida busca eficientizar el gasto público eliminando vínculos superfluos, en línea con las políticas nacionales.
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El Concejo Deliberante de Córdoba avanza decididamente en un plan de optimización de recursos mediante la reducción drástica de su planta política contratada. Esta medida implica la baja directa del 30% de los vínculos laborales temporales que operaban bajo la órbita del cuerpo legislativo de la ciudad. El objetivo es eliminar gastos innecesarios para mejorar la salud financiera de las arcas públicas, en sintonía con la política nacional de reducción del Estado.
La revisión técnica se enfoca principalmente en los 170 monotributistas cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre y no serán renovados próximamente. Se busca desarticular estructuras de cargos que respondían a favores políticos, priorizando la austeridad por encima de los intereses partidarios locales. Esta poda administrativa recae mayoritariamente sobre personal vinculado a los concejales del oficialismo que mantenían una presencia masiva de asesores.
Actualmente el Concejo cuenta con un registro de 370 becarios y 170 contratados externos con haberes que oscilan entre los $200.000 y $1.500.000. Al transparentar estas cifras, se evidencia la magnitud del gasto que representaban estas designaciones para los contribuyentes que pagan sus impuestos. El ahorro que se obtendrá con esta decisión será significativo y permitirá un manejo mucho más responsable de los fondos que aporta el sector privado.
Javier Pretto, viceintendente de Córdoba y presidente del Concejo Deliberante
Ahorro fiscal y eficiencia en la gestión
Las notificaciones oficiales de las bajas comenzarán a enviarse en las próximas horas para formalizar el nuevo esquema de trabajo reducido del cuerpo. El viceintendente Javier Pretto instruyó a su equipo para efectuar una revisión minuciosa que garantice la eliminación de estos cargos políticos. Se espera que este cambio administrativo genere un redireccionamiento de tareas para mejorar la productividad de los empleados de planta permanente.
Además de la reducción de personal, se suspendieron servicios tercerizados de catering y se espaciaron las tareas de desinfección en todo el edificio. Estas acciones demuestran un compromiso real con el ajuste fiscal, atacando hasta el más mínimo detalle de los gastos superfluos detectados previamente. Cada peso ahorrado en burocracia estatal representa un alivio directo para los ciudadanos que sostienen las instituciones públicas locales con sus impuestos.
Córdoba se suma así a la tendencia nacional de reducir el tamaño del Estado, eliminando privilegios que resultaban contradictorios con el reclamo social actual. Así, el Concejo Deliberante busca replicar los beneficios de la eficiencia administrativa que promueve el gobierno nacional de Javier Milei. Limitar la injerencia política en el presupuesto es un paso fundamental para consolidar un modelo de gestión basado en la transparencia y la austeridad.
