Reforma Migratoria: Cómo se dificulta la obtención de residencia y ciudadanía

El Gobierno de Javier Milei anunció una profunda reforma del régimen migratorio argentino que, entre otras cosas, endurece de manera significativa los requisitos para acceder tanto a la residencia permanente como a la ciudadanía.

Con el objetivo de ordenar el sistema, desalentar el ingreso irregular y priorizar el arraigo genuino, las nuevas medidas marcan un giro respecto del enfoque previo, más permisivo y basado en vínculos familiares o estadías ilegales prolongadas.

Residencia: fin del acceso automático por vínculos familiares

Hasta ahora, obtener la residencia permanente era relativamente fácil para quienes pudieran demostrar lazos familiares con ciudadanos argentinos. Si una persona acreditaba ser cónyuge, padre o hijo de un argentino, accedía automáticamente al derecho de residencia.

Además, quienes demostraban arraigo —es decir, que su estabilidad personal, laboral o social estaba centrada en el país— también podían tramitar la residencia.

Con la reforma impulsada por el Gobierno de Milei, esta lógica cambia drásticamente. A partir de ahora, solo los hijos de ciudadanos argentinos seguirán teniendo acceso directo a la residencia. Los cónyuges y padres deberán cumplir con requisitos adicionales.

En líneas generales, para acceder a la residencia permanente se exigirá acreditar un verdadero arraigo en el país, medios de vida suficientes, y la ausencia de antecedentes penales tanto en Argentina como en el país de origen.

Ciudadanía: solo con residencia legal y continua

El criterio para obtener la ciudadanía también se vuelve más estricto. Bajo el delirante régimen anterior, bastaba con acreditar dos años de residencia en el país, pero esta exigencia no se aplicaba con rigor.

Incluso personas que ingresaban al país de forma ilegal y salían y volvían sin restricciones podían obtener la nacionalidad simplemente con documentos que demostraran permanencia por ese tiempo, aunque no fuera continua ni legal.

De ahora en más, quienes quieran acceder a la ciudadanía deberán haber residido legalmente en el país durante al menos dos años, sin interrupciones. Esto significa no haber abandonado el país durante ese lapso y haber iniciado el trámite de estadía de manera legal.

La reforma apunta a cerrar definitivamente la puerta a los casos en los que inmigrantes que  accedían a la nacionalidad pese a no cumplir con condiciones mínimas de permanencia.

Además, se incorpora una nueva figura: la ciudadanía por inversión. Aquellas personas que realicen un aporte económico para el país considerado relevante podrán acceder a la ciudadanía, siempre y cuando dicho aporte sea declarado lícito por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones.

Si bien la Constitución Nacional establece un límite de dos años como requisito mínimo de residencia para acceder a la ciudadanía (artículo 20), el Gobierno de Milei optó por endurecer los criterios dentro de ese marco, exigiendo que dichos años sean de residencia legal y continua.

Con estas reformas, la administración Milei busca frenar abusos en el sistema migratorio y garantizar que quienes accedan a la residencia o ciudadanía lo hagan cumpliendo con criterios más exigentes y verificables.