En cumplimiento con lo anunciado en la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma en profundidad el Régimen Migratorio argentino.
El objetivo central, según el comunicado oficial, es restablecer el orden migratorio y evitar abusos en el uso de servicios públicos por parte de personas extranjeras que ingresan de forma irregular.
Expulsión de extranjeros con condenas penales
Uno de los puntos más destacados del decreto es que, a partir de ahora, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y aquellos que cometan delitos en suelo argentino —sin importar la pena— serán deportados. Esto incluye a personas que hayan recibido condenas menores a cinco años, las cuales antes no eran causales de expulsión ni de rechazo de ingreso.
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Fin del acceso gratuito e irrestricto a salud y universidad
Otra medida relevante establece que los extranjeros transitorios, temporarios e irregulares deberán pagar los servicios de salud y contar obligatoriamente con un seguro médico para poder ingresar al país. El comunicado señala que en 2024, el Estado argentino afrontó un gasto de 14 mil millones de pesos en atención médica a extranjeros sin cobertura.
En el plano educativo, las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a los residentes temporarios por los servicios que hoy son gratuitos para los ciudadanos y residentes permanentes. Sin embargo, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes, conforme al artículo 20 de la Constitución Nacional.
Cambios en el acceso a la ciudadanía
El decreto también endurece los requisitos para acceder a la Carta de Ciudadanía, que solo se otorgará a quienes hayan vivido al menos dos años de forma continua en el país y acrediten una inversión relevante. En casos de residencia permanente, se requerirá demostrar medios de vida suficientes y no contar con antecedentes penales.
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Un giro en la política migratoria argentina
La Oficina del Presidente justificó estas medidas en la necesidad de proteger los recursos de los contribuyentes y evitar que los beneficios públicos sean utilizados por personas que no contribuyen al sistema. La gestión de Milei apunta a garantizar que "el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos y no en aquellos que delinquen o abusan del sistema".
El mensaje final del comunicado es claro: "Sepan todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, que en este país dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada".
