Revés judicial para Adela Arning y tensión en el PRO cordobés

La Justicia no le da respiro a Arning

La Ley 8.102 establece que la Junta Electoral Municipal tiene 48 horas hábiles desde la notificación para convocar a la votación. Allí, los ciudadanos deberán decidir si Arning continúa o no al frente del Ejecutivo local. En caso de revocarse el mandato, se llamará a nuevas elecciones para completar el período restante.

Las proyecciones electorales no son favorables para la dirigente, que arrastra una fuerte caída en su imagen pública. Según el último ranking de intendentes del departamento Colón, la jefa comunal de Mendiolaza figura en el último lugar. El malestar ciudadano fue el principal motor del proceso que hoy la deja al borde de perder el cargo.

Desde el PRO aseguran no estar preocupados por el fallo, dado que aún resta una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. “Era una posibilidad, no estamos preocupados; ahora pasa al TSJ, que será más serio en el tratamiento”, señalaron fuentes partidarias. Confían en que esa instancia revierta lo resuelto por los tribunales inferiores.

Adela Arning, dirigente del PRO en Córdoba y referente cercana a Macri, recibió un nuevo revés judicial en el proceso que busca removerla como intendenta. La Justicia provincial rechazó sus recursos y dejó a la funcionaria con una sola instancia pendiente antes de la convocatoria a las urnas. La situación complica los intentos del macrismo por sostener su presencia institucional en el interior cordobés.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Córdoba ratificó un fallo previo que había negado los planteos de la mandataria. La decisión deja firme el inicio del mecanismo de revocatoria por el cual los vecinos pidieron su salida. El dictamen sigue el criterio de la Fiscalía de Cámara, que un mes atrás había desestimado las objeciones presentadas.

Según los jueces, el número de firmas necesarias debe calcularse en base al padrón completo y no al total de votantes de 2023, como pretendía la defensa. También determinaron que todos los empadronados están habilitados para votar, no sólo quienes sufragaron en los últimos comicios. De esa manera, se fortaleció la posición de quienes impulsaron la consulta popular contra la intendenta.

El macrismo cordobés enfrenta múltiples desafíos y aún no logra unificar criterios sobre las futuras alianzas electorales. Mientras algunos sectores dialogan con la UCR y La Libertad Avanza, otros prefieren acercarse al proyecto provincial de Llaryora. La falta de definiciones impide una estrategia común en el corto plazo.

A esto se suman las disputas por el liderazgo formal dentro del partido a nivel local. Aunque Henry Blas Leis fue designado interventor, Oscar Agost Carreño insiste en disputar ese rol en nombre del federalismo interno. Esa indefinición debilita aún más la posición del macrismo frente a la opinión pública.

Del experimento macrista al fracaso cantado

El fallo tomó por sorpresa a quienes veían posible una resolución favorable para Arning, inspirados en un caso reciente de Anisacate. Allí, la Justicia rechazó una revocatoria contra una intendenta del PRO por problemas en la presentación de las firmas. Se creía que el antecedente podía replicarse en Mendiolaza con argumentos similares.

Otros confiaban en que el gobierno provincial intercediera de manera indirecta para evitar la salida de Arning. Señalaban como muestra de respaldo la continuidad de obras financiadas desde el Panal. También mencionaban asistencia institucional proveniente del Ministerio de Gobierno y del Ente Metropolitano.

Sin embargo, más de 1400 vecinos validaron el pedido de revocatoria con sus firmas, expresando un fuerte rechazo a la actual gestión. Acusan a la intendenta de no atender las necesidades básicas de la comunidad y de no haber buscado una salida política. Incluso mencionan que figuras clave de su equipo abandonaron el proyecto por diferencias internas.

En el PRO suenan más excusas que estrategias

Este revés para Arning se suma a la decisión de la Cámara Nacional Electoral, que días atrás anuló la intervención partidaria en el distrito Córdoba. Esa intervención, dispuesta en 2023 por la conducción nacional del PRO, había generado tensiones internas. Ahora, ambas resoluciones ponen en jaque el armado que impulsa Macri en la provincia.