En una medida sin precedentes en la historia reciente del país, el Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, eligió a Rosario como la primera zona del país donde se aplicará la Ley Antimafias (N° 27.786). Esta norma permite aplicar penas significativamente más duras —hasta el doble— e igual para todos los miembros de una organización criminal, sin importar su rol.
Esto implica que tanto el autor intelectual de un crimen como el autor material, o incluso quien colaboró de forma secundaria, recibirán la misma pena máxima prevista por el delito más grave cometido por la banda.
Rosario: epicentro de una política criminal inédita
La selección de Rosario responde al recrudecimiento del narcoterrorismo que paralizó la ciudad en marzo de 2024, cuando una ola de asesinatos, balaceras e intimidaciones públicas obligó a suspender el transporte, las clases y la atención en estaciones de servicio. El gobernador Maximiliano Pullaro solicitó entonces la intervención del Comité de Crisis, lo que derivó en la actual resolución.
Según la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en Rosario operan bandas que cumplen con todos los requisitos de la Ley Antimafias: comisión reiterada de delitos graves, control territorial y aniquilación de rivales.
Pugnaloni: “Profundas mejoras contra el crimen organizado”
Uno de los principales impulsores del despliegue de esta normativa es Germán Pugnaloni, director nacional de Prevención del Delito, quien aseguró en diálogo con Infobae que “la implementación de la Ley Antimafias, sumada a una jurisdicción donde el sistema acusatorio está mostrando ser notablemente más eficiente que el sistema anterior, va a traer profundas mejoras en las investigaciones contra el crimen organizado”.
La Ley Antimafias habilita nuevas herramientas procesales para desarticular organizaciones complejas: allanamientos masivos, intervenciones telefónicas encadenadas, decomiso anticipado de bienes, y la eliminación de beneficios judiciales por jerarquía dentro de la estructura criminal.
Condenas más duras y operativos federales
El régimen especial eleva la pena por asociación ilícita de los actuales 3 a 10 años a un nuevo rango de 8 a 20 años de prisión. Además, todos los miembros de una organización serán considerados coautores del delito más grave, sin importar su participación específica.
La aplicación de la ley se enmarca en el Plan Bandera, una estrategia nacional de despliegue conjunto entre fuerzas federales y el Ministerio Público Fiscal. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial, con sustento en tratados internacionales como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en normativas como la Ley de Seguridad Interior.
Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que se trata de una herramienta fundamental para anular estructuras delictivas, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y trata de personas.
