Se intensifica la persecución del Gobierno de Lula al Bolsonarismo

La Policía Federal de Brasil ha formalizado acusaciones contra  Anderson Torres, exministro de Justicia durante el mandato de Jair Bolsonaro, y Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Rodoviaria Federal.

Ambos, junto a otros cuatro agentes federales, están siendo investigados por presunta  interferencia en las elecciones presidenciales  de 2022, específicamente en la segunda vuelta que resultó en la supuesta victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

Acusaciones de interferencia electoral

Según el informe de la PF, Torres y Vasques  habrían utilizado sus posiciones de poder para dificultar el acceso a los centros de votación. Particularmente en el Nordeste de Brasil, donde Lula da Silva contaba con un amplio respaldo. Estas acciones incluyen presuntos bloqueos de carreteras  y otras formas de intimidación que habrían limitado la participación electoral de los votantes de Lula.

La investigación ha recabado diversas pruebas que apuntan a la existencia de un supuesto plan coordinado para interferir en el proceso electoral. Esto ha generado fuertes críticas por parte de los partidarios de Bolsonaro,  quienes ven en estas acusaciones una maniobra del gobierno de Lula para perseguir a sus opositores.

Este caso se inscribe en un contexto de profunda polarización política en Brasil, exacerbada tras los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro, descontentos con los resultados electorales, asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Estos incidentes provocaron un fuerte repudio internacional y llevaron a la  detención de más de 1.900 personas, de las cuales aún 66 permanecen en prisión.

Anderson Torres ya había sido detenido previamente en relación con estos disturbios aunque fue liberado en mayo de 2023 tras una decisión del juez Alexandre de Moraes, quien determinó que no había razones suficientes para mantenerlo encarcelado.

Silvinei Vasques también fue liberado recientemente después de haber sido arrestado por su presunta interferencia en las elecciones a favor de Bolsonaro. La revocación de la prisión preventiva de Vasques por parte de Moraes ha generado un intenso debate sobre la  independencia del poder judicial en Brasil.

Las acciones imputadas a Torres y Vasques podrían ser calificadas como  "violencia política", un delito que, según el Código Penal brasileño, podría acarrear penas de entre tres y seis años de prisión.

La "violencia política" se refiere a cualquier acto de coacción, amenaza o intimidación con el fin de influir en el proceso electoral. Este delito se ha vuelto particularmente relevante en un país donde las elecciones son vistas como un pilar de la democracia.