El Gobierno nacional presentó el proyecto de Reforma Integral del Código Penal, una iniciativa que marca un quiebre respecto de décadas de legislación permisiva y fallos que terminaron beneficiando a delincuentes violentos. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que se trata de un cambio estructural orientado a recuperar el orden, la justicia y la defensa de las víctimas, pilares que habían sido relegados por administraciones anteriores.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, afirmó que la reforma apunta a revertir “años de gobiernos que defendían a los delincuentes” y que el nuevo marco normativo busca “colocar a las víctimas en el centro del sistema penal”. Según detalló, el actual Código Penal —con casi un siglo de antigüedad— quedó completamente desajustado frente a fenómenos criminales contemporáneos como el narcotráfico, la criminalidad organizada y los delitos sexuales de alta gravedad.
El presidente Javier Milei.
Uno de los ejes principales del proyecto es el endurecimiento de las penas para los delitos más graves: homicidios agravados, abuso sexual, trata de personas, robos con armas, producción y distribución de pornografía infantil y narcotráfico. En estos casos se prevé elevar los mínimos y máximos de las condenas, e incluso aplicar prisión perpetua en su modalidad más restrictiva.
La iniciativa también elimina la prescripción para delitos aberrantes como los abusos sexuales y los homicidios agravados, impidiendo que los responsables eludan a la Justicia por el mero paso del tiempo. Según el Gobierno, esta medida busca terminar con la impunidad que históricamente permitió que agresores sexuales y homicidas quedaran libres gracias a tecnicismos o a la inacción judicial.
Otro punto clave es la reducción de beneficios excarcelatorios y la exigencia de que las penas sean efectivamente cumplidas. Con el nuevo régimen, se eliminarían las salidas anticipadas para condenas menores a tres años y se establecería un piso del 82% de cumplimiento efectivo para delitos graves. De esta manera, se apunta a desactivar la conocida “puerta giratoria” que permitió que miles de reincidentes volvieran a delinquir a los pocos días de obtener excarcelaciones o libertades parciales.
Javier Milei y Patricia Bullrich.
La reforma incorpora además la implantación plena del Sistema Acusatorio, que moderniza la estructura judicial reemplazando el modelo inquisitivo y agilizando los procesos penales. El Gobierno lo considera una herramienta indispensable para lograr investigaciones rápidas, transparentes y profesionalizadas. También se incluye la reducción de la edad de imputabilidad, un debate que había sido sistemáticamente bloqueado por sectores opositores durante los últimos años.
La administración Milei sostiene que este proyecto es parte del denominado Plan Tolerancia Cero, a tratarse durante las sesiones extraordinarias de verano, es una estrategia integral para combatir el crimen organizado y recuperar el control del espacio público.
