El secretario de Transporte echó a dos funcionarios por realizar gastos irregulares

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, tomó la decisión de desvincular a Julián Obaid, presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), y a Hilario Lagos, director de Relaciones Institucionales de la misma entidad.

Esto se generó tras detectarse la contratación irregular de servicios de catering por un monto superior a los 13 millones de pesos.

Los gastos, realizados entre los meses de mayo y septiembre de este año, fueron ejecutados sin la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, lo que derivó en su inmediata separación de los cargos.

Además del cuestionado contrato de catering, otras irregularidades administrativas y financieras en la JST salieron a la luz y ya están bajo investigación.

Ante la gravedad de estos hechos, desde la Secretaría de Transporte se tomó la decisión de enviar un equipo de seguimiento de gestión para realizar una auditoría integral del organismo.

Este equipo tendrá la tarea de revisar minuciosamente cada ingreso y egreso de fondos ejecutado por la JST en los últimos meses, con el objetivo de esclarecer los procedimientos llevados a cabo y determinar si existen otros actos de malversación o gestión indebida de recursos.

La medida forma parte de una política más amplia del Gobierno de Javier Milei, quien junto al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, señalaron en repetidas ocasiones que no se tolerará la corrupción o el uso indebido de recursos públicos en beneficio de intereses particulares o de la clase política.

"No se va a tolerar que desde ningún organismo se realicen gastos en cuestiones que no son prioritarias y que representan un despilfarro de los recursos de todos los argentinos", enfatizaron desde la Secretaría de Transporte, en un comunicado oficial.

La gestión de Mogetta reafirmó esta postura, subrayando que no se permitirá que desde ningún organismo del Estado se realicen gastos en cuestiones que no sean prioritarias y que representen un despilfarro de fondos públicos.

Los funcionarios apartados, Obaid y Lagos, no solo fueron separados de sus cargos de manera inmediata, sino que podrían enfrentar acciones judiciales si se comprueba su responsabilidad en los hechos que se investigan.

La Secretaría de Transporte no descarta la posibilidad de iniciar demandas penales contra ambos, dependiendo de los resultados de las auditorías y de las investigaciones en curso.

Este caso muestra la voluntad del Gobierno de Milei de actuar de manera rápida y contundente ante posibles actos de corrupción o manejo irregular de los fondos públicos, una línea que las autoridades mantuvieron desde el inicio de la gestión.

Con el propósito de terminar con la corrupción que caracterizó a los gobiernos anteriores, se busca establecieron estándares más altos de eficiencia y honestidad en la administración pública.