En un inesperado sincericidio parlamentario, Luis Juez confesó lo que el Gobierno viene denunciando desde el inicio de la gestión: “Han inflado el padrón de discapacitados, han utilizado las pensiones para hacer política”. La frase expuso la dimensión del problema: un sistema de subsidios convertido en herramienta de clientelismo, donde miles de pensiones irregulares engrosan artificialmente un padrón que ya acumula 1,6 millones de beneficiarios.
Lejos de acompañar la limpieza del sistema y la lucha contra el despilfarro, el propio Juez votó en contra del veto de Javier Milei y se sumó a la oposición para sostener un esquema de privilegios que él mismo admitió como fraudulento. El Senado ratificó la Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, obligando al Presidente a promulgar la norma.
