La difusión de la lista de dirigentes que acompañaron a Axel Kicillof en su viaje a España volvió a exponer un esquema que combina uso discrecional de recursos públicos, falta de transparencia y una evidente doble vara mediática.
Ese nivel de inversión no es neutro: configura un sistema donde gran parte de los medios dependen, en mayor o menor medida, de esos fondos públicos.
Dentro de ese esquema, el Grupo Clarín recibió aproximadamente el 5% del total de la pauta bonaerense, con asignaciones distribuidas entre Canal 13, TN, Radio Mitre y el diario Clarín, entre otros.
Aunque no encabeza el ranking, se trata de montos millonarios que lo posicionan entre los principales receptores de fondos del gobierno provincial.
Incluso en cortes mensuales, el flujo es constante: en períodos como junio, empresas vinculadas al grupo llegaron a percibir decenas de millones de pesos en pauta oficial bonaerense.
El problema de fondo no es solo el monto, sino la discrecionalidad. En Argentina no existe una ley robusta que establezca criterios objetivos y transparentes para la distribución de la pauta oficial.
Esto permite que los gobiernos utilicen estos recursos como una herramienta de influencia indirecta sobre los medios.
En ese contexto, la falta de investigación sobre el viaje de Kicillof —su costo, su utilidad y su comitiva— deja de ser una casualidad y empieza a parecer parte de un patrón.
El episodio no solo impacta sobre la figura de Kicillof, sino sobre todo el sistema informativo argentino.
La combinación de pauta millonaria, falta de controles y cobertura selectiva termina erosionando la confianza pública y alimentando la percepción de que ciertos sectores políticos gozan de protección mediática.
En un contexto de crisis económica, donde cada peso del Estado debería estar bajo escrutinio, el silencio frente a este tipo de situaciones no hace más que profundizar el descreimiento.
En redes sociales comenzó a circular la nómina de funcionarios y dirigentes kirchneristas que integraron la comitiva que acompañó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en su gira por España.
La lista incluye nombres de su círculo político más cercano, lo que rápidamente encendió el debate público: no solo por la magnitud del grupo, sino por la falta de explicaciones claras sobre el objetivo concreto del viaje y sus resultados.
Las preguntas son básicas pero contundentes:
¿Quién pagó ese viaje? ¿Qué beneficio concreto obtuvo la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué fue necesaria una comitiva tan amplia?
Hasta ahora, no hay respuestas oficiales claras.
El contraste con otros casos es inevitable. Funcionarios del gobierno nacional, como Manuel Adorni, suelen ser sometidos a una cobertura permanente, con críticas y cuestionamientos incluso por cuestiones menores.
Sin embargo, un viaje internacional con una comitiva política numerosa, financiado potencialmente con recursos públicos, prácticamente no tuvo tratamiento en los grandes medios.
Este doble estándar no es nuevo, pero vuelve a quedar expuesto con claridad: la vara cambia según el signo político.
Para entender este silencio, hay que mirar un dato central: el volumen de pauta oficial que maneja la provincia de Buenos Aires.
Según cifras oficiales relevadas en 2025, la gestión de Kicillof destinó entre $58.300 millones y más de $62.400 millones en publicidad oficial en un solo año, un récord histórico de gasto en comunicación.
