Poco a poco, empieza a surgir una tendencia a restringir el uso de celulares en ciertos contextos, debido a que se los considera perjudiciales. Un ejemplo claro son las escuelas, donde algunas jurisdicciones ya comenzaron a implementar prohibiciones.
Sin embargo, en las cárceles de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, el acceso a los celulares es completamente libre. No existen limitaciones administrativas ni legales que impidan a los presos tener estos dispositivos en sus celdas.
El único obstáculo para obtener un celular en prisión es económico. Según datos oficiales obtenidos por Clarín, el 73% de los internos en las cárceles provinciales posee un teléfono, lo que reduce las barreras que separan a los detenidos del mundo exterior.
Aunque este acceso es visto por algunos como un "derecho" o una medida "humanitaria", la realidad es que es una herramienta para trasladar el crimen al interior de los muros penitenciarios.
Esta semana se conoció el caso de un recluso que utilizaba su celular para distribuir material de abuso sexual infantil desde su celda.
El implicado es Víctor Hugo Balderrama, un albañil de 34 años condenado a 50 años de prisión por violar reiteradamente a menores. Las imágenes y videos que comercializaba eran de sus propios crímenes.
Balderrama encabezaba una de las redes de pedofilia desmanteladas durante el "Operativo Protección de las Infancias", una acción coordinada por el Ministerio Público Fiscal en 65 ciudades bonaerenses.
Dos operativos se llevaron a cabo dentro de cárceles de la provincia, específicamente en el complejo penitenciario de Florencio Varela, donde se descubrió que diez internos traficaban material de abuso sexual infantil.
En las 56 prisiones de la provincia, los procesados, condenados y detenidos con prisión preventiva tienen registrados 42.833 teléfonos móviles con acceso a internet y llamadas al exterior.
Tres fiscales que participaron en la investigación afirmaron que la falta de controles sobre estos dispositivos facilita el tráfico y la venta de contenido pedófilo.
Además, preocupa el aumento de otros delitos como las estafas virtuales y los secuestros extorsivos, muchos de los cuales se originan desde las cárceles.
"Estos casos no dejan de crecer, y cada vez más se gestan dentro de las unidades penitenciarias", señalaron los investigadores.
La habilitación de celulares
Desde la pandemia de 2020, una resolución judicial permite a los internos de las cárceles bonaerenses tener teléfonos celulares con la excusa de "comunicarse con sus familias" y "acceder a materiales educativos".
El fallo fue firmado el 30 de marzo de ese año por el juez kirchnerista de Casación Víctor Violini, quien argumentó que el confinamiento obligatorio por COVID-19 dificultaba las "visitas familiares", haciendo "urgente" garantizar el "derecho a la comunicación".
Aunque la emergencia sanitaria terminó hace casi cuatro años, los celulares siguen permitidos en las prisiones. Estos dispositivos son provistos por las familias de los reclusos, quienes también cubren los costos.
El protocolo establece restricciones al uso de redes sociales, permitiendo únicamente WhatsApp, y prohíbe dispositivos con memoria extraíble. Sin embargo, diversas fuentes coinciden en que estos controles son imposibles de cumplirse.
En 2024, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), dirigido por Martín Mena, reportó casi 43.000 celulares en funcionamiento en cárceles provinciales. Esto facilita delitos como el tráfico de contenido pedófilo y las estafas virtuales.
Sanciones y decomisos
En los últimos dos años, se secuestraron 5.651 celulares en operativos realizados dentro de cárceles bonaerenses, con 1.889 decomisos solo en lo que va de 2024. Cuando se detectan abusos, los dispositivos son enviados a la Fiscalía correspondiente o sometidos a procedimientos disciplinarios.
Aunque algunas cárceles federales implementaron un protocolo de "alto riesgo" que restringe los celulares a reclusos con capacidad para dirigir actividades delictivas desde prisión, en la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof no adoptaron medidas similares.
La administración kirchnerista actual defiende la continuidad del esquema permisivo como una herramienta para "mantener el orden penitenciario", a pesar de las evidencias de su peligroso uso.
