La regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en España podría derivar en la legalización de más de tres millones de inmigrantes ilegales junto a sus familias en el plazo de un año.
Así lo estiman altos mandos del área de Extranjería, que basan sus cálculos en el efecto multiplicador de las reagrupaciones familiares que podrían solicitar los 1.200.000 peticionarios iniciales.
Según explican, el volumen final podría triplicar ampliamente la cifra de solicitantes individuales. "Por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras tres, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación", advierten desde el área, que expresan una creciente preocupación por el alcance real del proceso.
Inmigrantes ilegales.
El malestar dentro de los organismos implicados no se limita únicamente a la magnitud de la medida. También se dirige hacia la gestión del procedimiento, especialmente por la decisión del presidente socialista Pedro Sánchez de excluir a la Policía Nacional del control directo de los trámites.
Desde Extranjería denuncian que esta exclusión se realizó "deliberadamente", pese a tratarse de una competencia habitual del cuerpo, y que el proceso quedó en manos del Ministerio de Migraciones.
Los mandos policiales afirmaron que este cambio debilita los mecanismos de verificación documental y aumenta el riesgo de errores en cuestiones sensibles como los antecedentes penales.
La participación de las brigadas de Extranjería, señalan, ha quedado reducida a funciones limitadas. "La Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migración", explican.
En paralelo, cuestionan la preparación del personal encargado de tramitar las solicitudes. "No está capacitado" y carece de "formación", sostienen en relación al equipo del ministerio. En ese contexto, interpretan que "la voluntad del Gobierno es que entre todo el mundo", una afirmación que demuestra las motivaciones ideológicas del Gobierno.
Inmigrantes ilegales.
Las previsiones internas de la Policía Nacional también apuntan a un desborde de las estimaciones oficiales. Mientras el Gobierno calculó inicialmente unas 500.000 regularizaciones, los mandos policiales situaron la cifra entre 1,2 y 1,3 millones, un volumen que, aseguran, ya ha sido superado por las solicitudes registradas. "El sistema va a quebrar", advierten.
El cuestionamiento al proceso no es nuevo. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya había emitido un informe crítico desde el inicio de la iniciativa, en el que ponía en duda tanto la urgencia como la viabilidad de la reforma.
El documento, firmado por el comisario jefe central de Operaciones, Alfredo García Miravete, señalaba: "Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente".
En ese informe se advertía además sobre posibles "efectos negativos significativos", incluyendo un eventual "efecto llamada", tensiones sociales y dificultades en materia de seguridad y orden público.
También se señalaba el riesgo de saturación de servicios esenciales. "Existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales", explicaba el documento.
