Sonia Becherman, Ricardo Paolina y Liban Kusa respaldaron la Ley y contrastaron al régimen con el anterior, donde el Estado llegaba a conocer gastos personales, viajes, expensas y otros movimientos de su vida.
Con el superávit como norte, el Gobierno busca aumentar la base imponible para "seguir bajando impuestos", tras haber devuelto ya al sector privado 20.000 millones de dólares anuales, equivalentes a 3 puntos del PBI.
En términos de lo que conlleva técnicamente el nuevo proyecto, la Ley de Inocencia Fiscal 2 introduce modificaciones quirúrgicas para otorgar una "mayor robustez jurídica" y eliminar las barreras de entrada que el socialismo burocrático había impuesto:
En un respaldo técnico sin precedentes que marca el fin de la era del "fisco-terrorismo", los tres tributaristas más importantes de la Argentina, Sonia Becherman, Ricardo Paolina y Liban Kusa, recomendaron de forma unánime adherirse al régimen simplificado de la Ley de Inocencia Fiscal 2.
Durante la presentación oficial del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso, los expertos destacaron que esta reforma representa un "cambio de paradigma" histórico. El mensaje de los especialistas para los contribuyentes es contundente: "no encuentro un argumento jurídico para no adherir al régimen de simplificación tributaria".
La intervención de los profesionales puso de relieve la magnitud del acoso estatal del que viene el país. Según denunció Liban Kusa en su introducción técnica, los argentinos vivían bajo un "estado policial" donde eran "más investigados que cualquier persona que hubiera cometido un delito grave".
Bajo el esquema anterior, el fisco utilizaba regímenes de información asfixiantes para vigilar la vida privada, sabiendo "cuánto pagábamos del colegio de los chicos, cuánto pagábamos de expensas, si viajábamos en primera o cuánto pagábamos de la obra social", todo sin una orden formal de inspección.
Frente a ese pasado de sospecha permanente, la gestión de Javier Milei instaura la premisa de que el ciudadano es "inocente" y solo debe informar "ingresos y gastos", sin que el Estado tenga derecho a "meterse a ver qué hace con el dinero" una vez cumplidas sus obligaciones.
Desde la esfera política y económica, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, junto a la secretaria María Ibarzábal Murphy, explicaron que esta ley es fundamental para que los 170.000 millones de dólares que el Banco Central estima que están "bajo el colchón" vuelvan al sistema financiero para generar "mayor inversión" y "crecimiento".
Caputo fue tajante al señalar que mantener el dinero en la informalidad es un "muy mal negocio": si alguien guardó 100.000 dólares hace 20 años en lugar de invertirlos al 6% anual, hoy tiene apenas un tercio de lo que podría haber acumulado (320.000 dólares).
Eliminación de Trabas Ideológicas: Se suprimen los topes de ingresos de 1.000 millones de pesos y de patrimonio de 10.000 millones de pesos para ingresar al régimen simplificado. Ahora, todas las personas humanas y sucesiones indivisas pueden adherir.
Blindaje contra la Arbitrariedad: Se establece que la "presunción de exactitud" del contribuyente solo se rompe si la discrepancia detectada por ARCA supera el 15% y, simultáneamente, alcanza una cifra nominal de 5 millones de pesos.
Derecho a la Rectificación: Ante una discrepancia, el ciudadano tendrá 15 días hábiles para rectificar y pagar sin perder los beneficios del régimen, una protección inexistente en el pasado.
Justicia Veloz: En caso de que la justicia revoque una impugnación de ARCA, el Estado queda obligado a devolver los montos con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.
Finalmente, los tributaristas Sonia Becherman, Ricardo Paolina y Liban Kusa destacaron el valor del "tapón fiscal", que garantiza que al presentar la declaración de 2025 se obtiene estabilidad sobre los periodos 2022, 2023 y 2024, impidiendo que el fisco abra órdenes de intervención sobre años anteriores.
Sumado a la reducción del plazo de prescripción de 5 a 3 años para contribuyentes cumplidores, el modelo de Milei consolida una ventana de oportunidad única hasta el 31 de diciembre de 2027 para que el capital argentino sea, por fin, libre y soberano.
