La Cámara Alta aprobó el nuevo régimen fiscal, impulsado por el Gobierno de Milei y amplió el acceso al sistema simplificado de Ganancias, con cambios en los controles y beneficios para los contribuyentes.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, consolidando un contundente triunfo político y parlamentario impulsado por la gestión del Presidente Javier Milei. Tras varias semanas de debate en la Cámara Alta, el oficialismo logró imponerse con una sólida mayoría de 44 votos afirmativos, contando con el firme respaldo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los espacio del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
Esta sanción histórica, suplanta a la primera versión de la norma a solo ocho meses de su aprobación inicial. Frente al avance de las reformas de libertad fiscal, la oposición del bloque del peronismo se alineó en contra con 23 senadores que rechazaron la iniciativa al vincularla con un esquema de blanqueo.
Inocencia Fiscal II
Durante la sesión, el presidente de dicha bancada opositora, José Mayans, fundamentó su postura manifestando: “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”.
El tratamiento parlamentario dejó en evidencia la firme convicción del oficialismo de dejar atrás la presunción de culpabilidad fiscal. En su carácter de miembro informante, el senador libertario Bruno Olivera sintetizó el espíritu de confianza y respeto al sector privado sosteniendo: “Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”.
Durante la discusión en el recinto, diversos legisladores opositores expresaron sus observaciones. El senador peronista Jorge Capitanich cuestionó el trabajo en comisiones afirmando que “no ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto”.
La senadora y ex ministra, Patricia Bullrich.
Asimismo, el senador Adán Bahl se refirió a la masa coparticipable sosteniendo: “Con el IVA o con Ganancias no hablamos solo de lo que recauda ARCA, sino también, lamentablemente, de cuánto pierden nuestras provincias”.
Por su parte, el senador Fernando Salino sugirió modificaciones al texto oficial expresando: “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado”.
Pese a los intentos de la oposición por forzar cambios durante la votación, la mayoría oficialista mantuvo los acuerdos cerrados, desestimó modificaciones en el recinto y aprobó el texto de manera integral, tanto en general como en particular.
En el terreno de las especificaciones normativas, la ley introduce pilares fundamentales para blindar la seguridad jurídica y simplificar la carga tributaria:
Régimen Simplificado de Ganancias (RSG): Modifica las condiciones de ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), sistema del cual quedaban excluidos quienes registraran ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio mayor a diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.
El presidente, Javier Milei.
Discrepancia Significativa: Redefine los criterios para determinar cuándo existe una divergencia relevante entre lo declarado por el ciudadano y los registros de ARCA. Según precisó el especialista Domínguez, las diferencias detectadas que sean del 15% o más, pero no superen los cinco millones de pesos, dejarán de considerarse una discrepancia significativa. Con esto se elimina la distorsión del esquema previo —fijado estrictamente en el 15%—, el cual exponía a inspecciones a contribuyentes por montos menores.
Tapón Fiscal y Plazo Límite: Establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 —último día del mandato presidencial de Javier Milei— para acceder a los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal. Domínguez explicó que esta ventana temporal incentiva a que la mayor cantidad de contribuyentes regularicen sus activos dentro del periodo de la presente administración.
En la misma jornada, el Senado de la Nación ratificó los convenios entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso de la justicia de menores y competencias penales, aprobados con 44 votos a favor y 21 en contra (pertenecientes al bloque Justicialista y senadores santiagueños).
El presidente, Javier Milei.
El senador libertario por Salta, Gonzalo Coraita, destacó el ordenamiento institucional que genera la medida afirmando: “La aprobación de este convenio va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre Nación y CABA, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción”.
La norma transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad de Buenos Aires, que asumirá la investigación y juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18.La competencia se extiende a adultos imputados en conjunto con menores para garantizar la unidad del juzgamiento, mientras que para menores de 14 años se contemplan intervenciones judiciales de protección.
Respecto al traspaso con sus correspondientes recursos, el senador Jorge Capitanich expuso la visión de las provincias señalando que “no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, porque es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera”.
