La política tucumana sigue sumando episodios de tensión. La disputa entre Miguel Terraf, titular del Tribunal de Cuentas de Tucumán, y el diputado nacional del peronismo Carlos Cisneros marcó gran parte del 2024 con acusaciones cruzadas de corrupción y campañas difamatorias.
Sin embargo, la escalada de este conflicto ha tomado un giro aún más preocupante con hechos de amedrentamiento que involucran a una empresa de recolección de residuos vinculada al municipio.
Carteles y amenazas: la campaña contra el Tribunal de Cuentas
El enfrentamiento entre Terraf y Cisneros comenzó con carteles anónimos en toda la ciudad de Tucumán, donde se acusaba al funcionario de haber sido cómplice de hechos de corrupción durante la gestión de José Alperovich. Según colaboradores del Tribunal de Cuentas, esta ofensiva mediática formaría parte de una estrategia de difamación y presión política impulsada por sectores alineados con La Bancaria, el gremio que lidera Cisneros.
Sin embargo, el punto más grave se registró el 19 de diciembre de 2024, cuando las cámaras de seguridad captaron a cinco empleados de la empresa Transportes 9 de Julio, concesionaria de recolección de residuos, dejando un cofre en forma de ataúd en la entrada del Tribunal de Cuentas.
