El fiscal apeló el procesamiento y busca incluir ingresos por publicidad en la acusación. La Cámara deberá definir si amplía los cargos y eleva embargos
La situación judicial de los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está cada vez más complicada. Este jueves, el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, solicitó agravar el procesamiento del corrupto presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros dirigentes en la causa que investiga la presunta apropiación indebida de impuestos y aportes por más de 19.000 millones de pesos.
La presentación apunta contra la resolución del juez Diego Amarante, quien había dictado los procesamientos pero excluyó de la acusación un componente clave: las retenciones vinculadas a los ingresos por patrocinio oficial de los torneos del fútbol argentino. Para el fiscal, esa decisión implicó un recorte indebido del alcance del caso.
La causa contra Tapia y Toviggino podría ser agravada
En su apelación, Navas Rial sostuvo que hubo un "análisis fragmentado de la maniobra investigada" y remarcó que ese subconcepto (el número 551 del impuesto 353) no es accesorio, sino "parte inescindible" del esquema bajo investigación. Según explicó, se trata de una alícuota del 7,5% aplicada sobre ingresos publicitarios que deben destinarse a aportes de la seguridad social.
"El agravio entonces no se dirige a la existencia del procesamiento sino a su indebida restricción por el análisis fragmentario de la maniobra, ya que, por la propia naturaleza de la figura, exige una valoración integral", planteó el fiscal.
La causa se centra en presuntas retenciones y percepciones que no habrían sido depositadas al sistema previsional. En ese esquema, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes de retención de fondos correspondientes a clubes, futbolistas y personal.
La AFA y la Liga Profesional habrían retenido más de 19 mil millones de pesos en aportes previsionales e impositivos
El juez Amarante había excluido el dinero proveniente de la publicidad al considerar que no se acreditó que la AFA actuara como agente de retención en ese rubro y que, además, se habían emitido los certificados correspondientes. Sin embargo, para la Fiscalía ese criterio reduce artificialmente el alcance de la investigación.
"Esta forma de resolver importa un cierre anticipado del proceso", advirtió Navas Rial, quien también remarcó que la exclusión de ese ítem impacta directamente en los montos de los embargos, fijados en 350 millones de pesos para Tapia y Toviggino, y 150 millones para el Director General Gustavo Lorenzo, el Secretario General Cristian Malaespina y el ex Secretario General Víctor Blanco, que deberían ser mayores si se incorpora ese concepto.
La definición quedará ahora en manos de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que deberá analizar tanto la apelación del fiscal como las presentadas por las defensas de los acusados, quienes pidieron la revocación de los procesamientos. El fallo que adopte el tribunal será determinante: si se confirman los procesamientos, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.
