Al menos una decena de instituciones públicas han desembolsado más de R.D. $3,873 millones en concepto de servicios sin que se detalle con claridad el destino exacto de esos fondos en sus presupuestos institucionales.
Esto ha levantado serias preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos del Estado.
Según documentos oficiales e informes de ejecución presupuestaria consultados, estos gastos aparecen en categorías genéricas como “otros servicios contratados”, o “otros servicios no clasificados”.
Los mismos aparecen sin desgloses específicos que permiten conocer con precisión qué tipo de actividades o contrataciones se financiaron con esos montos millonarios.
Han denunciado que esta práctica abre la puerta a posibles actos de corrupción, discrecionalidad en el uso de fondos públicos y el financiamiento de actividades que podrían escapar al escrutinio legal.
El monto señalado –más de R.D. $3,873 millones– podría representar fondos suficientes para financiar políticas prioritarias como la mejora de hospitales, ampliación de programas sociales o inversiones en educación.
Sin embargo, su uso permanece en una nebulosa administrativa que impide evaluar el impacto real de estos recursos en el bienestar de la población.
