El operativo en la concesionaria de calle Libertad mostró un call center con cien jóvenes que ofrecían autos baratos con contratos poco claros. Los celulares secuestrados serán peritados para rastrear las conversaciones que podrían exponer a los responsables de la maniobra. La causa está a cargo del fiscal José Bringas, que inició la investigación tras doce denuncias de damnificados.
Los supuestos vendedores actuaban bajo órdenes de superiores aún no identificados, lo que complica determinar quiénes se beneficiaban directamente de las operaciones. Los contratos incluían cláusulas imposibles de cumplir o se modificaban sin previo aviso para dejar a los clientes en un callejón sin salida. La Justicia busca confirmar si estas prácticas constituyen simples incumplimientos civiles o delitos penales vinculados a una estafa organizada.
