El operativo en la concesionaria de calle Libertad mostró un call center con cien jóvenes que ofrecían autos baratos con contratos poco claros. Los celulares secuestrados serán peritados para rastrear las conversaciones que podrían exponer a los responsables de la maniobra. La causa está a cargo del fiscal José Bringas, que inició la investigación tras doce denuncias de damnificados.
Los supuestos vendedores actuaban bajo órdenes de superiores aún no identificados, lo que complica determinar quiénes se beneficiaban directamente de las operaciones. Los contratos incluían cláusulas imposibles de cumplir o se modificaban sin previo aviso para dejar a los clientes en un callejón sin salida. La Justicia busca confirmar si estas prácticas constituyen simples incumplimientos civiles o delitos penales vinculados a una estafa organizada.
El local también funcionaba como concesionaria de motos y autos, con acuerdos celebrados bajo condiciones catalogadas como “leoninas” por los propios investigadores. La sospecha es que existía una estructura que diseñaba un sistema para captar interesados con promesas que en la práctica no podían cumplirse. Aún no hay detenidos, y el caso recuerda lo ocurrido con Alpha Motors, concesionaria del Centro clausurada en agosto tras denuncias por supuestas estafas millonarias.
Celulares secuestrados por maniobras sospechosas con ventas de automóviles
Un esquema que se apoyaba en contratos engañosos y publicidad agresiva
Las bases de datos usadas para contactar potenciales clientes habrían sido compradas en el mercado informal y utilizadas para llamadas masivas y segmentadas. Al mismo tiempo, se desplegaron publicaciones en redes sociales con mensajes que ofrecían la compra de vehículos sin requisitos y con entrega inmediata. Los damnificados entregaban adelantos y firmaban documentos que luego eran modificados de manera unilateral.
Según fuentes judiciales, muchos afectados primero acudieron a Defensa del Consumidor antes de presentar denuncias penales al sentirse víctimas de engaños reiterados. “Te cambiaban el contrato, te decían que había cláusulas nuevas o directamente no entregaban la unidad”, señalaron investigadores sobre el patrón de maniobra. En todos los casos el dinero no era devuelto y la entrega del vehículo se postergaba indefinidamente.
La magnitud de denuncias y el despliegue del call center con decenas de jóvenes hacen pensar en algo más complejo que un incumplimiento contractual. La fiscalía analiza ahora la documentación y los celulares para determinar si hubo asociación ilícita detrás de las operaciones. En paralelo, recomiendan a los cordobeses revisar antecedentes antes de firmar contratos y desconfiar de ofertas poco realistas.
