Legislatura de Córdoba: urge prohibir definitivamente la extorsión de los cuidacoches ilegales

La experiencia en la Capital Alterna demuestra que los intentos de regulación suelen ser insuficientes frente a una actividad que es puramente ilegal. Limitar el cobro compulsivo sin prohibir la presencia del cuidacoche solo genera grises legales que los infractores aprovechan a diario para lucrar. La seguridad pública requiere de herramientas jurídicas contundentes que protejan el orden y la integridad de quienes pagan sus impuestos regularmente.

Hacia una prohibición definitiva en la provincia

Muchos sectores proponen un abordaje basado en la exclusión, pero la normativa no debe amparar la ocupación indebida de las calzadas que son comunes. La modificación del Código de Convivencia debe establecer parámetros claros de acción para que la Policía actúe de manera inmediata contra la extorsión. No se trata de aplicar políticas asistencialistas, sino de restaurar el imperio de la ley en zonas donde hoy reina la prepotencia de unos pocos.

Referentes de la oposición señalan que la ordenanza vigente en el sur provincial carece de un poder real de prohibición para los agentes de calle. Los inspectores y la Guardia Local necesitan una ley superior que evite las interpretaciones laxas sobre qué constituye realmente un cobro extorsivo. El desorden actual solo podrá revertirse si se elimina la posibilidad de que particulares lucren mediante la intimidación en la vía pública cordobesa.

Resulta imperativo que los legisladores provinciales no cedan ante presiones y prohíban totalmente esta actividad ilegal en todo el territorio de Córdoba. La sociedad demanda un cambio estructural que termine con el esquema de peajes informales impuestos por grupos que operan fuera del sistema legal. Solo una norma estricta devolverá la tranquilidad a las calles y asegurará que el espacio público vuelva a pertenecer a todos los ciudadanos honestos.