Una docente de 57 años de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes, fue condenada después de que la Justicia comprobara que les exigía dinero a sus estudiantes a cambio de aprobarlos. De acuerdo con la investigación, los pedidos llegaron hasta los 150 mil pesos y, en algunos casos, estaban acompañados por advertencias sobre las consecuencias que tendrían si no pagaban.
La Justicia determinó que la profesora utilizaba su posición dentro de la institución educativa para condicionar las calificaciones de los alumnos. Los testimonios incorporados a la causa permitieron reconstruir distintos episodios en los que habría solicitado transferencias o la compra de determinados “productos” como condición para permitirles aprobar.
La resolución estuvo a cargo de la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, quien homologó un juicio abreviado pleno y condenó a la acusada a tres años de prisión en suspenso por los delitos de abuso de autoridad y concusión.
El hecho ocurrió en una institución de la provincia de Corrientes
Además, la mujer fue inhabilitada para ejercer como docente durante el mismo período y deberá afrontar una multa de 360 mil pesos.
Cómo funcionaba el sistema de pagos que exigía la docente
Uno de los casos que permitió avanzar con la investigación ocurrió en julio de 2025. En aquella oportunidad, la profesora le habría pedido 100 mil pesos a una estudiante para aprobarla sin que tuviera que asistir a clases.
La joven llegó a entregarle 30 mil pesos, pero, según consta en la causa, la docente continuó reclamándole el monto restante.
La situación escaló el 28 de julio, cuando la profesora le envió un mensaje a través de WhatsApp. Allí le habría advertido que, si no pagaba el “producto”, no la aprobaría.
La mujer de 57 años fue condenada y deberá pagar una multa
Ese intercambio se convirtió en uno de los elementos incorporados a la investigación, pero no fue el único episodio detectado.
Otra estudiante había realizado una transferencia por 150 mil pesos el 25 de abril de 2025 para conseguir la aprobación de una materia. Según pudo reconstruirse, el mecanismo se repetía con diferentes alumnos: los pedidos podían hacerse personalmente o mediante mensajes y el pago quedaba vinculado directamente con las calificaciones.
Con el avance de la causa comenzaron a conocerse otros testimonios de estudiantes y familiares que describieron situaciones similares.
Un joven aseguró que años antes la misma docente le había exigido pagos relacionados con la entrega de su título y que, en caso de no cumplir, podía perjudicar sus notas. Otra mujer relató que su madre tuvo que efectuar diferentes pagos para conseguir que su hermano aprobara.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de una madre que contó las dificultades que atravesó su hija con las materias dictadas por la acusada.
Según su relato, la adolescente estudiaba, pero aun así no conseguía aprobar. En ese contexto, la profesora le habría sugerido a la familia que si compraba determinados “productos”, la estudiante lograría pasar las materias.
La situación tuvo un desenlace todavía más grave: finalmente, la joven decidió abandonar la escuela.
Otra adolescente declaró que la docente le había pedido 15 mil pesos para aprobar una materia. Los diferentes relatos incorporados al expediente indicaron que los pedidos de dinero no constituían hechos aislados, sino que habrían alcanzado a numerosos estudiantes.
Las sospechas ya habían provocado una reacción de las familias. En octubre de 2024, un grupo de padres denunció a la profesora por presuntamente exigir dinero a cambio de aprobar materias.
A partir de esas acusaciones y de las pruebas reunidas posteriormente, la investigación judicial avanzó hasta llegar a la condena.
¿Qué condena recibió la docente de Corrientes?
Tras homologar el juicio abreviado, la jueza Benasayag impuso una pena de tres años de prisión en suspenso, por lo que la mujer no irá a prisión mientras cumpla con las condiciones establecidas por la Justicia.
También fue inhabilitada para ejercer como docente durante tres años y recibió una multa de 360 mil pesos.
A esto se suma una reparación económica de 480 mil pesos, que deberá distribuirse entre dos de las alumnas damnificadas durante 2025. Cada una recibirá 240 mil pesos.
La sentencia también estableció una serie de reglas de conducta. La mujer deberá fijar una residencia y un número de contacto, presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.
Asimismo, tendrá prohibido realizar cualquier tipo de intimidación, violencia u hostigamiento contra las denunciantes y deberá respetar una restricción de acercamiento de 100 metros.
