Córdoba: la Justicia pide prohibir fiestas electrónicas
El fallo apunta a prevenir tragedias como la de Tania Abrile, fallecida en 2016 por consumo de éxtasis.
La Cámara Criminal y Correccional de Córdoba exhortó a no autorizar más fiestas electrónicas. Lo hizo tras condenar a los organizadores del evento donde murió Tania Abrile en 2016.
La Cámara Criminal y Correccional de Córdoba condenó a los organizadores del evento donde murió Tania Abrile. La joven falleció tras consumir éxtasis en una fiesta electrónica realizada en el Orfeo Superdomo en 2016.
Iván Aballay y Héctor Baistrocchi, dueños de la empresa Buenas Noches Producciones (BNP) fueron sentenciados. Se los acusa de facilitación de lugar para consumo de estupefacientes y homicidio culposo. Mario Novaro y Walter Barreto también fueron condenados por su participación en los hechos.
Una empresa en el ojo de la tormenta
BNP, conocida por organizar eventos masivos en Córdoba, enfrentó duras críticas tras la muerte de Abrile. Incluso renunciaron al premio “Jerónimo 2019”, otorgado por la Municipalidad, al ser condenados judicialmente.
El tribunal resaltó que BNP reconoció públicamente los riesgos asociados a estos eventos. En una solicitada, admitieron la imposibilidad de controlar el consumo de drogas en las fiestas que organizaban.
Según los jueces, estas fiestas son actividades de alto riesgo para la salud y la vida de los asistentes. Subrayaron que fomentan una subcultura de consumo naturalizado, beneficiando al narcotráfico.
El tribunal también señaló que las medidas preventivas, como controles médicos y puestos de hidratación, no han evitado nuevas muertes. En 2023, otra joven murió en un evento organizado por BNP, agravando las críticas.
Un fallo con impacto social
La resolución busca prohibir la habilitación de estas fiestas en Córdoba. Los magistrados consideran que la legalización contribuye a la normalización del consumo de drogas y aumenta los riesgos.
El caso Tania Abrile no solo expone la fragilidad de las regulaciones actuales, sino que también reabre el debate sobre la seguridad y el consumo en eventos masivos. El conflicto entre la libertad de organizar y la necesidad de proteger vidas sigue sin resolverse.
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