El oficialismo municipal espera que el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba apruebe en julio el nuevo marco regulatorio para el transporte urbano. El proyecto ya fue enviado al cuerpo legislativo y su análisis avanza en las comisiones respectivas. De cumplirse los tiempos, la ordenanza sería sancionada después del receso invernal.
El nuevo régimen será la base legal para definir la licitación que se prevé lanzar entre agosto y septiembre. El objetivo es adjudicar las nuevas concesiones en octubre y comenzar a operar en marzo de 2026. La ordenanza establece contratos de diez años por licitación pública nacional e internacional.
Desde el Ejecutivo aseguran que el marco normativo incluye mejoras técnicas y organizativas. Se redefinen recorridos, condiciones de las unidades y derechos del usuario. También se incorpora una fórmula tarifaria, exigencias contractuales y nuevos mecanismos de fiscalización.
Concejo Deliberante de Córdoba
FAM, en observación por su bajo rendimiento operativo
La empresa FAM atraviesa una situación delicada, con demoras en la incorporación de unidades. Hasta ahora sumó 111 colectivos usados, por debajo del mínimo proyectado. Desde el municipio señalan que deberían haber agregado al menos 150 unidades para cumplir lo pactado.
El plan operativo presentado por la empresa no se cumple de forma satisfactoria. Aunque mejoró algunos indicadores, sigue sin alcanzar el nivel exigido. “No se trata de coches nuevos, sino de usados similares a los que ya circulaban”, explicaron desde la Municipalidad.
En este contexto, es cuestionable que una empresa con bajo rendimiento mantenga privilegios contractuales. La lógica de la eficiencia debería primar por sobre los acuerdos políticos con Daniel Passerini. Si una prestataria (como FAM) no cumple con lo que se demanda, se debe dar lugar a oferentes con mayores capacidades.
El Grupo FAM hasta ahora sólo sumó 111 colectivos usados
Déficit de flota y trabas del mercado de colectivos
Otra dificultad es la disponibilidad de unidades para renovar la flota del sistema. Aunque hay fondos disponibles y acuerdos firmados, conseguir colectivos resulta complejo. “No es un tema de plata, es un cuello de botella del mercado”, declaró un funcionario que participa de las negociaciones.
La mayoría de los vehículos disponibles son usados y con limitaciones legales. Mientras tanto, empresas como Sibus aún no pueden prestar los servicios asignados. Esto obstaculiza cualquier intento de reconfiguración eficiente del esquema actual.
No obstante, depender del Estado municipal como proveedor de soluciones sin exigir resultados concretos genera estancamiento. La falta de vehículos no puede justificar la inacción. El sistema requiere dinamismo, apertura y reglas exigentes para todos, en vez de laxitud para beneficiar a empresas amigas.
