Derrumbes en Córdoba: la ciudad colapsa y el Estado solo aparece para regular y cobrar

Estado presente para cobrar tasas municipales

En Córdoba, como en buena parte del país, el Estado no está ausente: está en todos lados, menos donde debería. Regula cada centímetro cuadrado del espacio privado, asfixia con tasas, permisos y trabas al que quiere construir, pero al momento de garantizar infraestructura segura, brilla por su ausencia. Los controles son laxos, las inspecciones selectivas y las responsabilidades políticas, nulas.

La Municipalidad de Córdoba capital gasta fortunas en campañas publicitarias, propaganda ideológica y cartelería, mientras las estructuras urbanas se desmoronan.

La ciudad que se vende como “moderna, inclusiva y sustentable” no puede garantizar que una persona duerma bajo un techo seguro. Pero eso sí: hay bicisendas, festivales, campañas de lenguaje inclusivo y promesas de “ciudad inteligente”.

El problema no es de recursos: es de prioridades. En el Estado cordobés, el show siempre va primero; la vida de los ciudadanos, último.

Estas tragedias no se deben a la falta de Estado, como suele repetir el relato progre. Son, justamente, el resultado de su hipertrofia inútil: un aparato que se entromete en todo lo productivo, mientras deja desprotegida la vida de las personas.

Córdoba no necesita más “presencia estatal”; necesita menos burócratas y más responsabilidad individual, menos controles inútiles y más aplicación de la ley.

Mientras los políticos cordobeses siguen en campaña eterna, la ciudad se cae a pedazos, y no en sentido figurado. El relato de la Córdoba moderna se derrumbó como el galpón de Alta Córdoba, y lo que queda bajo los escombros es el sentido común.

En ambos casos, se revelaron graves deficiencias estructurales, pero también una inacción alarmante por parte de las autoridades municipales, encargadas de controlar, habilitar y garantizar la seguridad edilicia.