Siete agentes de la FPA Córdoba y tres civiles admitieron haber entregado droga secuestrada a informantes como forma de pago por datos sobre el narcotráfico. Lo hicieron ante el fiscal Juan Pablo Klinger, en el marco de un juicio abreviado que permitió agilizar la condena. El fallo fue dictado por el Juzgado de Control 8 y alcanzó a todos los acusados.
Entre los policías condenados están Luis Benavídez, Isidro Rivero, Eduardo Moreno, Antonio y Sergio Ruiz, Diego Bertino y Néstor Márquez. Los tres dateros implicados también reconocieron haber recibido estupefacientes para colaborar en operativos simulados. Todos fueron considerados integrantes de una organización ilícita.
Se estableció que los efectivos desviaban droga de operativos oficiales para retribuir con ella a los informantes externos a la fuerza. La pena fue de tres años de prisión para nueve acusados, y tres años y medio para Márquez, por su rol como jefe de brigada. También se les aplicó inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pese a las condenas, podrían recuperar la libertad pronto por haber estado ocho meses detenidos de manera preventiva y tener buena conducta. La mayoría carece de antecedentes penales y podrá solicitar el cese de prisión. Las condiciones judiciales ya están dadas para iniciar esos trámites.
Siete agentes de la FPA de Córdoba fueron condenados
Una organización que usaba la droga como moneda corriente
El juicio reveló que el uso de droga secuestrada como pago era una práctica más común de lo que se creía dentro de ciertas brigadas de la FPA. Los dateros obtenían porciones de estupefacientes a cambio de datos sobre puntos de venta. También participaban activamente en operativos encubiertos.
Fuentes cercanas a la causa señalaron que los procedimientos se montaban con informantes que fingían ser compradores ante presuntos narcos. Esa escenificación usaba droga real que nunca debía salir del sistema. La simulación se disfrazaba como política investigativa válida.
La droga utilizada no provenía de incautaciones menores o aisladas sino de grandes decomisos como los realizados en la cárcel de Cruz del Eje. Parte del material secuestrado era desviado antes de ingresar al circuito judicial. Esa cantidad era acumulada y luego redistribuida por fuera de la ley.
El fallo deja constancia de que esta lógica operativa tenía rasgos organizados y sistemáticos dentro de la fuerza. Se trataba de una estructura paralela y sostenida. En este sentido, las penas reflejan el carácter agravado de esa dinámica.
La droga utilizada provenía de grandes decomisos como los realizados en la cárcel de Cruz del Eje
El fiscal Ramírez también será juzgado por omisiones graves
La misma investigación permitió avanzar con una causa paralela contra el fiscal Raúl Ramírez, su secretario Patricio Bazán y el policía Mauricio Oyola. El Juzgado de Control 8 rechazó las objeciones de sus defensas y confirmó la elevación a juicio. Se los investiga por encubrimiento agravado y omisión de deberes.
Los tres fueron señalados por no denunciar la desaparición de más de 500 gramos de cocaína y marihuana incautadas judicialmente. Las sustancias habían sido secuestradas y estaban bajo custodia del Estado como pruebas. Sin embargo, nunca llegaron a los depósitos oficiales ni se justificó su ausencia.
El tribunal consideró probado que Ramírez, Bazán y Oyola conocían el faltante y no impulsaron ninguna acción penal. Ni siquiera tras el agotamiento de las búsquedas internas se presentó una denuncia formal. Esa omisión implicó una violación grave de sus funciones públicas.
El fallo menciona prueba documental y testimonial sólida como actas, informes del sistema de secuestros y declaraciones de empleados judiciales. Según el tribunal, hay base jurídica suficiente para llevarlos a juicio oral. La defensa aún puede apelar, pero la causa ya tomó un rumbo definido.
El fiscal Raul Ramírez, imputado en la causa del narcoescándalo en Córdoba
