Exigen que Google devuelva 2.360 millones por datos recolectados sin permiso.
Compartir:
Google atraviesa el caso de privacidad más grande de la década. Un jurado federal de San Francisco determinó que la empresa deberá pagar 425 millones de dólares tras comprobar que recolectó datos en forma ilegal.
Sin embargo, los abogados de los usuarios consideran que esa cifra es insuficiente. El 22 de octubre presentaron un escrito ante el juez Richard Seeborg solicitando que Google devuelva otros 2.360 millones de dólares.
Google atraviesa el caso de privacidad más grande de la década
Cómo empezó el caso y por qué afecta a millones
El conflicto se remonta a julio de 2020, cuando Aníbal Rodríguez demandó a Google por engañar a los usuarios respecto de su privacidad. Según la demanda, Google continuó recolectando datos aun cuando las personas desactivaban la configuración “Actividad Web y de Aplicaciones”.
La clave estuvo en Firebase, una herramienta presente en el 97 por ciento de las apps más populares de Android y en más de la mitad de iPhone. Esto derivó en un alcance masivo.
98 millones de usuarios afectados.
174 millones de dispositivos involucrados.
Un veredicto récord
Los demandantes habían pedido 31.000 millones de dólares, pero el jurado otorgó solo 425 millones porque entendió que Google no actuó con malicia. Para el abogado principal, David Boies, el veredicto igualmente ratificó que la conducta de la empresa fue “altamente ofensiva” y sin consentimiento.
La respuesta de Google y su estrategia legal
El nuevo reclamo plantea que la compensación actual no alcanza para reparar el daño y remarcan que Google no modificó ninguna de sus políticas tras perder el juicio.
Los antecedentes: otras sanciones millonarias
Google ya pagó casi 1.400 millones a Texas por violaciones similares y otros 9 millones en Illinois. Además, en abril de 2024 aceptó destruir miles de millones de registros vinculados al modo incógnito para cerrar otra demanda.
La medida canadiense estaba enfocada hacia empresas como Google, Amazon y Meta
Los abogados sostienen que las nuevas cifras representan una compensación mínima frente al beneficio económico obtenido con el uso de datos privados.
