Megaestafa inmobiliaria: 200 denuncias, 5 detenidos y más de US$20 millones perdidos

Según el expediente, estas operaciones comenzaron durante la pandemia y continuaron hasta 2023. Las maniobras incluían la falta de escrituración, obras inconclusas o inexistentes y la utilización de al menos 20 empresas vinculadas para mover fondos y evitar embargos.

Estrategias fraudulentas con fachada legal

La empresa promocionaba sus desarrollos a través de su sitio web, donde presentaba más de 30 proyectos en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Ofrecían rentabilidad asegurada, facilidades de pago y una trayectoria que prometía confianza: "12 años y más de 800 unidades entregadas".

Los damnificados, en su mayoría trabajadores, profesionales y jubilados, se vieron atrapados en un esquema que recuerda a los fraudes piramidales. La fiscal Mónica Cuñarro afirmó que los acusados “captaron fondos sin autorización del Banco Central y lavaron activos mediante sociedades pantalla”.

Entre las víctimas se encuentra el abogado laboralista Juan Pablo Chiesa, quien denunció haber comprado dos cocheras y dos monoambientes que nunca recibió. “Durante años, la firma mantuvo una fachada de legalidad mientras el dinero de los inversores desaparecía”, declaró.

La fiscal también confirmó que se hallaron cuentas bancarias en Estados Unidos y que se incautaron unos 905 millones de pesos. Además, se ordenó la inhibición general de bienes a los imputados.

Edificios fantasma y promesas incumplidas

Los inmuebles afectados incluyen ubicaciones como Potosí 3957, Acuña de Figueroa 333, Av. Jujuy 431, entre otros puntos de la capital. En uno de los casos, un edificio de 48 departamentos registró 95 compradores distintos, lo que evidenció el nivel de superposición de ventas.

El testimonio de Andrea Gerez, una de las damnificadas, refleja el drama de muchos: “Pagué durante seis años por un departamento que no era mío. Me siento estafada”. Como ella, otras víctimas se unieron en redes sociales para visibilizar el caso bajo perfiles como “Estafados por Induplack”.

La jueza González ya había procesado a los acusados por al menos 14 hechos similares en 2023 y 2024. En aquella oportunidad, también se impuso un embargo por 190 millones de pesos. Según la fiscalía, la maniobra se sostenía mediante el traspaso continuo de fondos entre empresas ante cada demanda civil o comercial.

Este caso reabre el debate sobre la falta de regulación y control en el mercado inmobiliario argentino. Las víctimas exigen sanciones ejemplares, mayor transparencia y mecanismos efectivos de prevención para evitar que otros ciudadanos pierdan sus ahorros en proyectos fraudulentos.

 

Una investigación judicial reveló una presunta asociación ilícita dedicada a defraudar a cientos de compradores mediante proyectos inmobiliarios ficticios. Más de 200 personas resultaron damnificadas, con pérdidas millonarias que ya superaron los 20 millones de dólares.

La Justicia procesó a cinco acusados, cuatro de ellos miembros de la familia L’Abbate, responsables de la firma Induplack Fiduciaria, y a Patricio Gastón Flores, apoderado legal y presidente de Icons Tech S.A.. La jueza Paula González los imputó por integrar una estructura delictiva que operó bajo la fachada de fideicomisos inmobiliarios.

Una red familiar detrás del fraude

Los detenidos, identificados como Vito Antonio, Emanuel Andrés, Juan Ignacio y Santiago David L’Abbate, fueron señalados como los líderes de una organización que ofrecía departamentos “desde el pozo”, cobraba anticipos y jamás entregaba las unidades. En muchos casos, una misma propiedad fue vendida hasta cuatro veces.