En medio de un clima de tensión en la planta, el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria este jueves. La decisión deja sin efecto los 124 despidos anunciados por la empresa Petroquímica Río Tercero, del grupo Piero. La medida abre un compás de 15 días para intentar una salida negociada entre la firma y el gremio.
Durante este período, ninguna de las partes podrá adoptar nuevas medidas que agraven el conflicto ni interrumpir tareas en el polo industrial. Los empleados cesanteados deberán reincorporarse a sus puestos mientras se habilita una mesa formal de diálogo. El Ministerio espera que la negociación avance sin afectar al resto del sector químico de la ciudad.
El conflicto estalló este lunes cuando la empresa comunicó despidos masivos por una “reestructuración profunda” debido a su situación financiera. El sindicato de químicos denunció irregularidades en las notificaciones y la presencia de efectivos policiales. Según denunciaron, los trabajadores fueron impedidos de ingresar a la planta el día del anuncio.
El acceso a la planta de Petroquímica Río Tercero, el día lunes, con conflicto
El conflicto impactó en otras industrias del polo químico local
El bloqueo gremial a los accesos afectó también a otras empresas de la zona,como Atanor, ajenas al conflicto directo. “Atanor está en franco crecimiento y no debería ser perjudicada por un conflicto que no le pertenece”, advirtió el intendente Marcos Ferrer. El dirigente pidió cautela para evitar más daños en una zona clave para la economía local.
Sobre Petroquímica, Ferrer aclaró que “es como si cierra un comercio, porque se trata de una empresa privada” aunque mostró preocupación por los empleados. A la vez, anunció que el municipio habilitará una oficina especial para asistir a los trabajadores afectados. La atención se centrará en brindar asesoramiento legal ante eventuales liquidaciones o reclamos.
Durante la conciliación, se intentará destrabar el conflicto para evitar que escale y derive en nuevos perjuicios económicos o laborales. El gremio sostiene que los despidos son ilegales y exige su anulación definitiva. La empresa, por su parte, no ha dado señales públicas de revisar su decisión más allá de cumplir la conciliación.
