Su salida no frena la causa penal, que continuará con acusaciones por violación de secreto y presunta ayuda en concursos
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Caeiro, defensor público de 51 años, presentó su renuncia efectiva desde el pasado 1º de octubre por motivos personales y familiares. La dimisión fue enviada por duplicado al Tribunal Superior de Justicia y al Poder Ejecutivo Provincial según el texto remitido. Voceros del TSJ anunciaron la aceptación de la renuncia y señalaron que próximamente publicarán la acordada formalizando el retiro.
Pese a su renuncia, Caeiro continúa imputado por violación de secreto acusado de filtrar preguntas de examen a empleadas de Tribunales 2. El fiscal Enrique Gavier inició la pesquisa penal tras recibir actuaciones y en diciembre se allanó el despacho del funcionario. A comienzos de abril el fiscal solicitó imputaciones y el juez de control José Milton Peralta tomó indagatorias a los involucrados.
La acusación señala que cuatro empleadas obtuvieron un puntaje notablemente superior en la prueba escrita y se les atribuye haber recibido ayuda. El TSJ anuló ese tramo de la evaluación y dos de las trabajadoras, Sonzini Astudillo y Zuliani, solicitaron licencia sin goce de haberes. Las investigadas son Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini según el expediente.
Enrique Gavier, fiscal de la causa
Las tres investigaciones que buscan esclarecer irregularidades
El TSJ abrió un sumario administrativo por iniciativa de su presidente y ordenó a la Secretaría de Sumarios iniciar diligencias. El secretario Tristán Quiles tomó testimonios, incorporó pruebas y cerró el expediente con un pedido de dictamen al fiscal general. Ese trámite administrativo evaluó responsabilidades internas y preparó el paso eventual hacia sanciones disciplinarias si corresponde.
En paralelo se solicitó un jury de enjuiciamiento ante el órgano legislativo encargado de juzgar a magistrados y funcionarios provinciales. Ese procedimiento permitiría destituir al funcionario si se comprobara la falta grave y se siguiera el debido proceso administrativo. No obstante, con la renuncia se complica la prosecución del jury porque la pérdida del cargo limita la competencia del órgano.
La investigación penal se mantuvo activa con la intervención del fiscal Enrique Gavier y la remisión de actuaciones desde la fiscalía general. Gavier realizó allanamientos y el juez Peralta imputó y avanzó con indagatorias contra Caeiro y las cuatro empleadas. La causa penal sigue su curso y ahora es la vía central para determinar eventuales responsabilidades civiles o penales.
Caeiro continúa imputado por violación de secreto acusado de filtrar preguntas de examen
Consecuencias del retiro y el camino procesal
Con la renuncia formalizada, las vías administrativa y de jury quedan en práctica reducidas frente a la imposibilidad de aplicar destitución.Eso deja a la instancia penal como el único proceso vigente donde Caeiro puede ser investigado y eventualmente juzgado. El cambio aceleraría algunos trámites procesales pero no frena las actuaciones ni la posibilidad de una causa penal contra el ex funcionario.
La defensa presentó planteos de nulidad y cuestionamientos por atipicidad en la figura imputada ante la Cámara de Acusación. Esos recursos deberán ser analizados por el tribunal de alzada antes de que la investigación penal avance a etapas decisivas. Los letrados sostienen que las pruebas no configuran el delito imputado y piden una revisión técnica del expediente.
La denuncia original fue impulsada por el gremio de empleados y despertó dudas sobre la transparencia en varios concursos provinciales. El fiscal Gavier extendió la averiguación a al menos dos concursos más para determinar si hubo prácticas similares en la Justicia. Ante el escenario abierto, fuentes judiciales esperan que la Cámara de Acusación resuelva los planteos y marque la hoja de ruta procesal.
