El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja se refirió al presunto delito cometido por Mariela Parisi.
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El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja declaró inválido el requerimiento presentado por el fiscal federal Enrique Senestrari, quien había solicitado la imputación de Mariela Parisi, exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por presunta administración fraudulenta y por incumplir los deberes propios de su función pública.
Vaca Narvaja explicó al medio SRT que el requerimiento de instrucción está regulado por el artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación.
Parisi, la ex decana de la Facultad de Comunicación.
Según el inciso segundo de ese artículo, para formular una acusación de forma adecuada, el hecho atribuido debe estar claramente especificado.
Los argumentos de Vaca Narvaja
“El requerimiento del fiscal tiene apenas dos carillas y media. Se hace una referencia general a la gestión de la señora Parisi, que duró ocho años en la universidad, y menciona que en ese período habrían ocurrido irregularidades, pero no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar de esos hechos. De esta manera, se deja a la persona acusada en un estado de indefensión absolutamente inadmisible en un Estado de derecho”, señaló el magistrado.
Aclaró además que la nulidad del requerimiento no supone el cierre ni el reinicio total del expediente, sino que obliga a reformular el pedido.
Parisi, la ex decana de la Facultad de Comunicación.
“No es que la causa se retrotrae a foja cero ni que se cae. La causa sigue vigente, hay una denuncia, existe material probatorio en la Fiscalía y, si el fiscal entiende que hay personas que deben ser acusadas conforme a la ley, debe hacerlo siguiendo las formalidades técnicas previstas en el Código”, agregó.
También precisó que, si el fiscal decide apelar la resolución, será la Cámara la que determine si se confirma o no el fallo.
Pedido de querella, rechazado
Con esta medida, se deja sin efecto la imputación, que había sido impulsada a partir de una denuncia presentada en febrero por el exconsiliario estudiantil y representante de la agrupación “12 de Diciembre” del claustro docente de la FCC, Lucas Gonzalo Valdez.
El planteo se basaba en un artículo periodístico del portal Striptease del Poder, en el que se cuestionaban viáticos, viajes académicos y gastos sin respaldo normativo. Según la fiscalía, el monto de los fondos presuntamente utilizados de forma irregular superaría los 70 millones de pesos.
En su resolución, Vaca Narvaja rechazó que Valdez pudiera asumir el rol de querellante particular.
“A la solicitud de Lucas Gonzalo Valdez para ser tenido por querellante particular en el proceso, no ha lugar, ya que de las constancias de la causa no surge que sea el particular damnificado por el delito, ni acredita personería ni los requisitos correspondientes”, sostuvo.
Sobre este punto, el juez remarcó que el denunciante pertenece a un sector de la universidad, lo cual no otorga automáticamente legitimidad para actuar como querellante.
El Código Procesal exige determinados requisitos para ese rol, entre ellos acreditar un interés específico.
Si se comprueba dicho interés, puede admitirse; de lo contrario, no toda persona que denuncia un hecho está habilitada para intervenir en ese carácter, explicó.
Las alternativas judiciales del juez Senestrari
El fiscal federal Enrique Senestrari, quien había impulsado la imputación de Mariela Parisi por presunta administración fraudulenta y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, detalló en SRT Media que, como Claudio Orosz y Ramiro Fresneda —además de representar a Parisi— son sus abogados en otra causa, presentó un escrito con tres puntos.
En primer lugar, notificó al juez sobre su apartamiento debido a que sus abogados personales asumieron la defensa de Parisi.
En segundo lugar, solicitó la suspensión de los plazos para apelar la nulidad, ya que el plazo es de tres días y el fiscal que lo suceda necesitará tiempo para analizar el caso y decidir si presenta el recurso.
Y, en tercer lugar, consideró que la resolución de nulidad era “totalmente infundada”, ya que, según explicó, “los pasos cumplidos permiten sostener la validez del escrito”.
Por eso, si no se concedía la suspensión solicitada, presentó de manera preventiva la apelación para que se revise la decisión y se ratifique la validez del pedido original.
