El fiscal federal Rodolfo Cabanillas solicitó el procesamiento de cinco investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNCR) y del Conicet por delitos contra la administración pública. Se los acusa de usar indebidamente laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas. Los imputados habían sido detenidos en abril y luego excarcelados en mayo.
Entre los delitos atribuidos figuran peculado, administración infiel y defraudación, según la causa instruida por la justicia federal. Cabanillas también pidió que vuelvan a ser detenidos por posible entorpecimiento. El juez Carlos Ochoa delegó la investigación en el fiscal en diciembre de 2024.
Según trascendidos, una persona ajena a la universidad fue detenida por colaborar en la ocultación de pruebas. Esa persona habría actuado en complicidad con una de las imputadas. El hecho se vincula a un presunto intento de obstaculizar el proceso judicial.
La acusación indica que entre enero de 2022 y fines de 2024 los imputados realizaron estudios pagos con equipos públicos. Se habrían vendido ensayos a más de seis empresas privadas del sector agrobiotecnológico. Usaban los laboratorios incluso fuera del horario laboral y durante fines de semana.
La UNRC no podrá ser querellante
La Universidad Nacional de Río Cuarto pidió ser querellante en la causa a través de su rectora Marisa Rovera. El juez Ochoa rechazó el pedido, al considerar que aún es prematuro. Argumentó que podría poner en riesgo la investigación en curso.
La presentación señalaba que la UNRC se consideraba “ofendida” por los hechos investigados. También alegó que la universidad habría sido económicamente perjudicada. Algunos imputados incluso habrían cobrado “horas extras” mientras hacían trabajos privados.
