El fiscal federal Rodolfo Cabanillas solicitó el procesamiento de cinco investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNCR) y del Conicet por delitos contra la administración pública. Se los acusa de usar indebidamente laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas. Los imputados habían sido detenidos en abril y luego excarcelados en mayo.
Entre los delitos atribuidos figuran peculado, administración infiel y defraudación, según la causa instruida por la justicia federal. Cabanillas también pidió que vuelvan a ser detenidos por posible entorpecimiento. El juez Carlos Ochoa delegó la investigación en el fiscal en diciembre de 2024.
Según trascendidos, una persona ajena a la universidad fue detenida por colaborar en la ocultación de pruebas. Esa persona habría actuado en complicidad con una de las imputadas. El hecho se vincula a un presunto intento de obstaculizar el proceso judicial.
La acusación indica que entre enero de 2022 y fines de 2024 los imputados realizaron estudios pagos con equipos públicos. Se habrían vendido ensayos a más de seis empresas privadas del sector agrobiotecnológico. Usaban los laboratorios incluso fuera del horario laboral y durante fines de semana.
La rectora Marisa Rovera solicitó información formal al fiscal federal Rodolfo Cabanillas
La UNRC no podrá ser querellante
La Universidad Nacional de Río Cuarto pidió ser querellante en la causa a través de su rectora Marisa Rovera. El juez Ochoa rechazó el pedido, al considerar que aún es prematuro. Argumentó que podría poner en riesgo la investigación en curso.
La presentación señalaba que la UNRC se consideraba “ofendida” por los hechos investigados. También alegó que la universidad habría sido económicamente perjudicada. Algunos imputados incluso habrían cobrado “horas extras” mientras hacían trabajos privados.
La causa sostiene que los acusados utilizaron bienes públicos en beneficio personal.Se trataría de insumos, equipos e instalaciones bajo su responsabilidad laboral. El juez remarcó que eso afectaría a la administración pública y a la sociedad en general.
Ochoa advirtió que podrían surgir más involucrados durante la investigación. Señaló que estos podrían ser miembros internos o externos a la universidad. Por eso, aún no se habilita la participación institucional de la UNRC en la causa.
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC
Lo que resta resolver
Aunque el fiscal advirtió sobre entorpecimientos, el juez no ordenó nuevas detenciones. Así, considera que no es necesaria la prisión preventiva en esta etapa. La situación procesal de los imputados se definirá después de la feria judicial de julio.
La denuncia original fue realizada por una abogada en un programa radial de Río Cuarto. La UNRC inició un sumario pero no aplicó sanciones formales. Sostuvo que los investigados no dependían directamente de la universidad, sino del Conicet.
Los hechos habrían ocurrido en los laboratorios de Fisiología Vegetal y Biología Molecular. La tecnología utilizada pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Las tareas se realizaban sin autorización oficial y fuera de horario.
Hasta ahora no se ha determinado el perjuicio económico exacto. Tampoco se conoce cuántas empresas contrataban los ensayos presuntamente irregulares. La investigación sigue en curso bajo secreto de sumario.
