Sobreseyeron a los hermanos Caputo en la causa Revolución Federal: la Justicia descartó el financiamiento

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, Secretaría 15, dictó el sobreseimiento de Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo en la causa 3103/2022, conocida como “Revolución Federal”. La resolución, fechada el 15 de septiembre de 2026, concluye que “el hecho investigado no se cometió”, en los términos del artículo 336, inciso 2° del Código Procesal Penal de la Nación, e incluye la declaración expresa de que el proceso “no afecta el buen nombre y honor” de los tres.

Los Caputo, hermanos del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habían sido señalados por las querellas de Cristina Fernández de Kirchner y Juan Grabois como presuntos financistas de la agrupación liderada por el carpintero Jonathan Morel. Hugo Caputo falleció durante la tramitación del expediente, según indicó la defensa.

La defensa estuvo a cargo de Matías Cúneo Libarona, hermano del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien dejó el gabinete de Javier Milei en marzo de 2026 y fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques. Los hermanos integran el estudio jurídico familiar que lleva su apellido, aunque Mariano se apartó del ejercicio al asumir en el Ejecutivo.

Qué investigaba la Justicia

La hipótesis se originó en informes de la Unidad de Información Financiera que detectaron transferencias por más de 6,5 millones de pesos desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara al Sur —administrados por Caputo Hermanos S.A.— hacia cuentas de Morel, de su socia Ailen Vallero y de su expareja Evelyn Balboa, entre enero y agosto de 2022.

Para las querellas, ese dinero encubría un aporte a Revolución Federal, el grupo que organizó escraches y manifestaciones contra el gobierno del Frente de Todos en los meses previos al atentado contra la entonces vicepresidenta. Los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, en representación de Fernández de Kirchner, sostuvieron que resultaba “inverosímil” que la decoradora de un grupo económico entrara a pie a una carpintería de Boulogne y que el cronograma de pagos coincidía con la actividad de la agrupación. Grabois pidió directamente la indagatoria de los tres hermanos.

El edificio de Vaca Muerta y los muebles que sí existían

La defensa de Flavio Caputo, ejercida por Matías Cúneo Libarona, explicó desde el inicio que Morel fue uno de más de 250 proveedores de la empresa, contratado para dos trabajos concretos: una barra y mesas para el salón de usos múltiples del barrio Santa Clara al Sur y parte del mobiliario de Espacio Añelo, un edificio de 60 departamentos en Añelo, Neuquén, destinado al alquiler para trabajadores petroleros.

La investigación confirmó cada tramo de esa versión. El edificio fue construido en sistema steel frame por la firma Idero SRL en Moreno, trasladado en camiones y ensamblado en Vaca Muerta. Un allanamiento en el lugar verificó que cada unidad estaba amoblada con los mismos elementos: respaldos de cama, mesas de luz, mesas ratonas, barras desayunadoras, sommiers, banquetas y cortinas. Una constancia del 16 de agosto de 2022, firmada por el jefe de obra, registró la entrega e instalación de 144 respaldos, 144 mesas de luz, 60 mesas ratonas y 24 barras, entre otros artículos.

El propio Morel reconoció en su indagatoria que no podía hacer solo el trabajo y que actuó como intermediario con otros proveedores, entre ellos el carpintero Francisco Javier Aris, la fábrica de colchones Dormipol y el herrero Diego Patrignani. Todos declararon, fueron inspeccionados y reconocieron sus productos en las fotos de Añelo.

“Rosana Méndez”: por qué el carpintero no sabía quién era su clienta

Un dato que el juzgado consideró relevante es que Morel tenía agendada a Rosana Caputo como “Rosana cliente” y que en sus documentos de trabajo figuraba como “Rosana Méndez”, apellido de su marido, Luis María Méndez Ezcurra. Aris, el proveedor subcontratado, recibió el proyecto bajo ese mismo nombre. Para el tribunal, eso “robustece la idea” de que Morel creía tratar con una decoradora particular y no con un integrante de la familia Caputo.

Lucas Nudelman, empleado de la empresa, declaró además que a fines de abril de 2022 Flavio Caputo le encomendó buscar presupuestos para equipar el edificio, es decir, antes de la creación de las redes de Revolución Federal, el 11 de mayo de ese año.

Sin sobreprecios y sin nexo con la actividad política

La fiscalía de Gerardo Pollicita, que llevó adelante el Legajo 8 de la investigación, convocó al Tribunal de Tasaciones de la Nación y al Cuerpo de Peritos Contadores. Los peritos concluyeron que no pudo determinarse un aumento real de precios: los parámetros de comparación —productos terminados de contado frente a muebles encargados a medida, embalados e instalados a 1.200 kilómetros— no resultaban equivalentes.

En su dictamen final, Pollicita consideró agotadas las medidas y señaló que no restaban diligencias conducentes. El juzgado remarcó que desde entonces el cuadro probatorio no cambió.

La resolución es categórica: “No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permitan afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”. Y agrega que no hay evidencia de que los Caputo conocieran la postura política de Morel antes de contratarlo.

El fallo también recuerda que la Sala I de la Cámara Federal ya había descartado la figura de asociación ilícita y recalificado la conducta de los procesados como incitación a la violencia colectiva, destacando que a sus convocatorias habían concurrido quince, nueve y cincuenta personas. Esa “reducida” envergadura, según el juez, debilita la idea de que un grupo constructor montara una operatoria de 17 millones de pesos para disimular la financiación “de unas pocas personas activas en redes sociales y marchas”.

La palabra de la defensa

Matías Cúneo Libarona, hermano del exministro de Justicia y abogado de los tres Caputo, calificó como “ridícula” la vinculación de sus clientes con una organización “informal, integrada por tres o cuatro personas”, y subrayó que Morel, “entre miles de trabajos, hizo uno para ellos”. El letrado destacó que la causa se cierra con la aclaración judicial de que el proceso no afectó el honor de los sobreseídos.