Aumento del tope de deuda: Una solución temporal con interrogantes estructurales

La opinión de Rodrigo Rial 

El reciente comunicado del gobierno sobre la ampliación del tope de endeudamiento neto del Gobierno Central para 2024 ha despertado una serie de dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país. Aunque la medida es legal y está amparada por la cláusula de salvaguarda prevista en el Presupuesto Nacional 2020-2024, su uso repetido invita a reflexionar:
 
¿Es esta realmente una herramienta excepcional o estamos normalizando el camino fácil ante los desajustes económicos?.
 
La cláusula ya fue invocada en situaciones excepcionales como la pandemia en 2021 y la sequía en 2023. Dos emergencias que, sin duda, marcaron un antes y un después. Sin embargo, el contexto actual parece menos grave, lo que genera la legítima pregunta:

¿por qué recurrir nuevamente a este recurso?.

Según el comunicado oficial, la medida responde a una caída en los ingresos tributarios equivalente al 0,7% del PIB, atribuida principalmente a la desaceleración de la inflación. Si bien esto favorece el poder adquisitivo de los hogares, también pone de manifiesto una debilidad fiscal que, si no se corrige, continuará pesando sobre las finanzas públicas.

 
¿Cómo llegamos hasta aquí?

Cuando el gobierno asumió, lo hizo con la promesa de ser fiscalmente responsable. Y si bien en algunos aspectos se ha cumplido, hay áreas en las que las promesas no han tenido el impacto esperado. El gasto público nominal se ha mantenido controlado, y la regla fiscal implementada en 2020 introdujo ciertos pilares que parecían asegurar una mejor gestión financiera. Pero los desajustes en la recaudación dejan en evidencia algo que ya sabíamos: La falta de reformas estructurales para fortalecer nuestra economía.
 
Es que, por mucho que insistamos en una fiscalidad más eficiente, el modelo económico de Uruguay sigue dependiendo casi exclusivamente de la recaudación tributaria. Esto debería hacer sonar las alarmas, ya que lo que necesitamos no es más presión impositiva, sino una economía más robusta, con sectores productivos que no estén tan condicionados por altos impuestos y costos operativos.
 
 
Por otro lado, el tema de la deuda pública sigue siendo un factor delicado. Uruguay aún mantiene niveles manejables comparados con otros países de la región, pero las proyecciones actuales nos acercan peligrosamente al 60% del PIB. Este endeudamiento creciente, sin reformas estructurales, no solo limita nuestra capacidad fiscal, sino que también pone en peligro el futuro económico del país.

 
Mirando al futuro: ¿Qué nos espera con el inevitable cambio de gobierno?
 

Con el Frente Amplio liderando el próximo gobierno, el panorama fiscal se vuelve más incierto. Si bien su programa de gobierno propone una gran cantidad de propuestas muchos de estos casos se recurre al aumento del gasto público y no está claro cómo se financiará todo esto.  La experiencia de sus administraciones anteriores no da mucha esperanza: aumentaron el gasto sin implementar los ajustes necesarios, lo que nos dejó con una deuda mayor y una economía más frágil.
 
El peligro no es solo el aumento desmedido del gasto, sino también el impacto que esto tendría sobre la competitividad del país. Con un sector privado ya golpeado por altos costos, políticas como estas podrían erosionar aún más la confianza de los inversores y, peor aún, frenar el crecimiento económico.

 
 ¿Qué necesitamos para evitar la catástrofe?

Uruguay se encuentra en una encrucijada fiscal, y para no caer en una espiral de endeudamiento, es imprescindible actuar en tres áreas clave:

1.  Reducir el tamaño del Estado: No se trata solo de recortar, sino de optimizar el gasto público, eliminando áreas ineficientes y priorizando inversiones que generen resultados a largo plazo.

2.  Fortalecer el sector privado: Necesitamos una reforma tributaria que alivie la presión fiscal y, a la vez, reduzca los costos laborales. Esto incentivará la inversión y ayudará a mejorar la competitividad de los sectores productivos.

3.   Revisar la estructura fiscal: Necesitamos un sistema impositivo que no solo se base en la recaudación, sino que también promueva el desarrollo económico y genere riqueza en el país.

 
El aumento del tope de endeudamiento puede ser una solución temporal, pero no puede convertirse en una práctica recurrente. Cada vez que recurrimos a este mecanismo, estamos postergando las reformas necesarias para construir una economía más sólida y sostenible.
 
 

Un llamado a la prudencia:
 

El gobierno saliente debe ser consciente de la fragilidad de la situación. Aunque ha manejado las finanzas públicas con relativa moderación, decisiones como esta demuestran que aún falta un ajuste estructural más profundo. Por otro lado, la administración entrante enfrentará un entorno fiscal más desafiante. No sería prudente seguir incrementando el gasto sin considerar sus consecuencias a largo plazo.
 
Uruguay no puede permitirse caer nuevamente en políticas que prioricen el corto plazo sobre la sostenibilidad fiscal. La responsabilidad del Estado debe centrarse en sentar las bases para un modelo de desarrollo que combine austeridad fiscal con dinamismo económico.