Camino a la servidumbre: los contratos secretos de la casta uruguaya

Desde la óptica del liberalismo, los contratos secretos representan una gravísima amenaza a los principios fundamentales de una sociedad libre y diáfana.

La transparencia y el acceso a la información pública son pilares esenciales para que los ciudadanos puedan ejercer un control efectivo sobre sus gobernantes y participar con sagacidad en el proceso político.

Este tipo de comportamiento gubernamental es un reflejo cristalino de la tendencia inherente de los Estados a expandir su esfera de influencia y a concentrar cada vez más poder en manos de una élite política.

Lejos de servir al interés público, estas prácticas secretistas responden a los intereses particulares de clanes de poder que buscan mantener su dominio sobre los recursos y las decisiones que afectan a la sociedad en su totalidad.

El secretismo se ha convertido en un patrón recurrente en la política uruguaya, donde los sucesivos gobiernos han utilizado mecanismos legales, como el decreto 477 de 2008, para blindar determinados contratos y acuerdos de la mirada pública.

Esto no solo socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que también abre la puerta a la corrupción y a la captura del Estado por parte de intereses privados.

Los contratos 

Entre los contratos más notorios sellados por la casta política se encuentran:

Acuerdo con Katoen Natie

El gobierno de Uruguay llegó a un acuerdo con la empresa belga Katoen Natie, propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el Puerto de Montevideo.

En 2019, Katoen Natie había amenazado con demandar al Estado por USD 1.500 millones, alegando violaciones a un tratado de protección de inversiones.

El acuerdo resultante fue que Katoen Natie invertiría USD 455 millones en el puerto, a cambio de la extensión de su concesión por 50 años más, hasta 2081. Además, desistió de su demanda contra el Estado.

Este acuerdo incluye beneficios como la reducción de tarifas en un 30% y un aumento en los días libres de permanencia de contenedores. Sin embargo, ha sido criticado por empresas competidoras como Montecon, que lo considera "abusivo, ilegal y doloroso", sugiriendo que podría crear un monopolio y una intervención indebida del gobierno en el mercado.

Los documentos de informes jurídicos que podrían detallar el razonamiento legal y las evaluaciones de riesgo, no han sido publicados de manera completa.

Condiciones específicas del contrato

Aunque se conoce que el contrato extiende la concesión hasta 2081 y detalla una inversión considerable por parte de Katoen Natie, algunos aspectos específicos de las condiciones, como las cláusulas de resolución de disputas, detalles sobre la autorización para la venta de acciones, y otros términos más detallados, no están plenamente divulgados al público. 

Es pertinente mencionar la existencia de adendas o modificaciones al contrato original, como la que establece la necesidad de autorización estatal para la venta de acciones de Katoen Natie en TCP.

Sin embargo, el contenido exacto de estas adendas y cómo afectan el acuerdo original no ha sido completamente transparente.

Mientras que se ha anunciado una inversión de aproximadamente US$ 455 millones por parte de Katoen Natie, los detalles financieros precisos, incluyendo cómo y cuándo se realizarán estas inversiones, posibles subsidios o beneficios fiscales, y las condiciones bajo las cuales estas inversiones podrían no cumplirse, no están detallados públicamente.

Confidencialidad durante la negociación: durante el proceso de negociación, ciertas conversaciones y documentos eran reservados.

Esto incluye la fase de negociación para evitar un arbitraje internacional, donde la confidencialidad era crucial para alcanzar un acuerdo.

Acuerdo del gobierno uruguayocon Pfizer

En medio de la pandemia de COVID-19, Uruguay negoció con Pfizer para asegurar vacunas. El acuerdo estipulaba la provisión de 3,7 millones de dosis para 2022, con la posibilidad de revacunación anual y la inclusión de dosis pediátricas.

Uruguay logró prioridad en la recepción de estas vacunas gracias a sus negociaciones eficientes.

Sin embargo, muchos detalles del contrato permanecen confidenciales, lo que ha generado debate sobre la transparencia en los gastos y términos de estos acuerdos.

Acuerdo con UPM

UPM, una empresa finlandesa de pulpa de celulosa, firmó un acuerdo con Uruguay para la construcción de su segunda planta en Paso de los Toros, representando una de las mayores inversiones en la historia del país.

Este acuerdo incluye el pago de un canon anual variable según la producción y exenciones fiscales bajo el esquema de inversión "promovida". También implica la construcción de una vía férrea de alta tecnología por parte de Uruguay para conectar la planta con el puerto de Montevideo, evidenciando un significativo compromiso en infraestructura.

La falta de transparencia en estos acuerdos gubernamentales con Katoen Natie, Pfizer, y UPM resulta nefasta por varias razones.

Primero, no saber las cifras exactas de gasto público en estos contratos impide a los ciudadanos y a los organismos de control evaluar si estos acuerdos son beneficiosos para el país o si se están otorgando demasiadas concesiones a las empresas multinacionales a costa del bienestar público.

Esta opacidad puede llevar a la malversación de fondos, a la falta de rendición de cuentas y a la posible corrupción, ya que sin detalles específicos, es difícil determinar si los términos del acuerdo son justos o si las inversiones prometidas compensan adecuadamente a la sociedad uruguaya.

El acuerdo firmado por el expresidente Tabaré Vázquez con la multinacional UPM ex-Botnia en 2018, dedicado a la extracción de celulosa.

El pacto alcanzado por el actual presidente Luis Lacalle Pou con el operador portuario Katoen Natie en 2021.

Y, más recientemente, los contratos secretos con Pfizer para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, donde se ha criticado la opacidad y las cláusulas de confidencialidad que impiden el escrutinio público sobre los términos y precios de las vacunas.

Los contratos secretos con Pfizer son un escándalo de proporciones éticas, legales y políticas.

Estos acuerdos son un ejemplo flagrante de cómo las corporaciones multinacionales pueden abusar de su poder para someter a los gobiernos a condiciones abusivas y opacas.

La insistencia en mantener estos contratos bajo llave es una bofetada a la democracia y a la transparencia, privando a los ciudadanos de saber cómo se gastan sus impuestos.

Pfizer ha impuesto cláusulas draconianas que no solo protegen sus ganancias sino que también eximen a la compañía de cualquier responsabilidad por efectos adversos de sus productos, mientras los gobiernos quedan atados de manos, incluso renunciando a su inmunidad soberana.

Este arreglo es esencialmente un chantaje legalizado, donde los países, en medio de una crisis de salud pública, se ven forzados a aceptar términos que parecen más apropiados para una mafia que para una empresa supuestamente dedicada al bienestar humano.

La falta de transparencia no solo alimenta la desconfianza sino que también sugiere que hay algo que ocultar, quizás sobre la eficacia, la seguridad o el costo real de las vacunas.

Aunque también han existido casos similares, como el del HIF para la extracción de hidrógeno verde, estos han tenido una repercusión mucho

menor.

La falta de transparencia en estos acuerdos no solo plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos políticos en Uruguay, sino que también subraya la necesidad urgente de un cambio hacia una mayor rendición de cuentas, apertura en la gestión pública y control del pouvoir estatal.

La sociedad uruguaya merece un gobierno que le quite las cadenas y le permita florecer libremente, no una serie de burócratas que bajo cuatro paredes favorezcan a las corporaciones y le pongan el elefante en la habitación al pequeño o mediano empresario.