La herencia comunista de Olesker que asfixia a la industria uruguaya

En un giro inesperado de los acontecimientos, el sector empresarial uruguayo se encuentra en medio de una tormenta perfecta, donde las decisiones del pasado y la inacción del presente están llevando a la industria nacional al borde del colapso. La creación del FONASA en 2007 y el rediseño del sistema sanitario, impulsado todo por el comunista Olesker, ha dejado una huella indeleble en el sistema de salud y, por extensión, en la economía del país. Pero no es solo el legado de Olesker lo que está en juego; el actual gobierno de Lacalle Pou, está exacerbando la situación.

​El Ministerio de Salud Pública (MSP), se ha convertido en un laberinto burocrático que asfixia a las empresas.

Con un departamento encargado de la habilitación de productos que se encuentra colapsado, las demoras en los registros han pasado de ser un mero inconveniente a un verdadero obstáculo para la producción y comercialización.

Las empresas de cosméticos, alimentos y productos de limpieza se ven obligadas a esperar hasta ocho meses para obtener permisos que antes se concedían en un par de meses. ¿Y quién es el responsable de esta ineficiencia?.

La respuesta es clara: la marea de reglamentaciones e injerencias estatales, herencia de un sistema que Olesker ayudó a instaurar.

​Mientras tanto, Lacalle Pou, en lugar de desmantelar este entramado burocrático, ha optado por mantenerlo, favoreciendo a un pequeño grupo de empresas que pueden soportar los altos costos de registro.

Las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía uruguaya, se ven obligadas a cargar con costos exorbitantes que las colocan en una posición de desventaja frente a sus competidores en la región.

En un país donde el costo de registro es 14 veces mayor que el promedio latinoamericano, la situación es insostenible.

Los empresarios

​Las cámaras empresariales han alzado la voz, denunciando que el MSP ha incrementado los costos de registro de manera alarmante.

La burocracia se ha convertido en un monstruo que devora la innovación y el emprendimiento, mientras que el gobierno se muestra indiferente ante las quejas de un sector que representa miles de empleos.

​El ingeniero químico Bruno Baselli, presidente de la Asociación de Profesionales de Asuntos Regulatorios del Uruguay (Aparu), ha señalado que la situación se ha vuelto crítica.

Las empresas que buscan invertir en Uruguay se ven desalentadas por un sistema que no solo es lento, sino que también es costoso y complicado.

La falta de una agencia independiente que regule estos procesos solo agrava el problema, dejando a las empresas a merced de un Estado gigante que afecta continuamente la libre función empresarial.