Diverio y Andrade al borde del abismo, Castillo y el Frente Amplio en la mira.
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Reciente auditoría interna reveló que las maniobras fraudulentas no comenzaron en 2024, sino en 2018.
El escándalo por la estafa al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) ha entrado en su fase más turbia. Esta nueva información extiende considerablemente el periodo delictivo: más implicados, más corrupción.
El diputado comunista Daniel Diverio es señalado directamente quedando sin escapatoria: habría firmado al menos una docena de cheques que fueron cobrados por Bruno Bertolio, hoy condenado por corrupción y estafa junto a otros dos dirigentes sindicales del Partido Comunista del Uruguay (PCU): Santiago Bernaola y Víctor Rivero.
Muy buena la campaña del Partido Comunista
La hipótesis del fiscal Gilberto Rodríguez es contundente: parte del dinero habría sido desviado para financiar la actividad política del SUNCA y del PCU, incluyendo las campañas electorales de 2024 y 2025.
De comprobarse, el esquema incluiría suplantación de identidades, falsificación de beneficiarios e incluso compras de inmuebles y vehículos a nombre de testaferros.
Diveiro.
La auditoría también detectó préstamos que fueron cobrados en efectivo, pero que jamás llegaron a los supuestos trabajadores solicitantes.
Se robaron más de 35.000.000 de pesos y 17.500 dólares.
Las 193 transferencias ilícitas fueron descubiertas por una funcionaria que suplía a Stella Rey, quien manejaba las cuentas del Fondo de Vivienda de los obreros con total libertad.
¿En qué se gastó el dinero? Celulares y televisores de alta gama, lavarropas, licuadoras, comida para perros… y hasta un estimulador sexual.
Actualmente se investiga si Rey ofreció devolver parte del dinero para reducir su condena.
Diverio, Andrade y Alberti: los nombres que incomodan al Frente Amplio
Los exsindicalistas condenados señalaron directamente a Óscar Andrade y Daniel Diverio, asegurando que "era imposible que no supieran" de las maniobras irregulares, incluso afirmaron que ambos se beneficiaron de ellas.
En respuesta, el senador comunista tildó a sus antiguos compañeros de “lúmpenes” y para su defensa, Andrade recurrió al reconocido y costoso abogado Gonzalo Fernández, exministro de Tabaré Vázquez.
Diveiro y Castillo.
El 11 de junio, Bruno Bertolio declaró que la cúpula del SUNCA —Richard Ferreira y Javier Díaz— recibió fondos desviados y para que Andrade y Diverio llegaran al Parlamento.
También implicó a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del SUNCA y del PCU, como pieza clave en la logística financiera del desvío. Ya fue indagada por la Fiscalía y podría ser llamada nuevamente en agosto.
Lavado de dinero, testaferros y balances falsos
La Senaclaft, Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, realiza una investigación paralela sobre las finanzas del SUNCA y del PCU. Ya se solicitó información contable para verificar si los fondos desviados figuran en sus balances o fueron ocultados deliberadamente.
Si se confirma que violaron las normas de prevención de lavado de activos, no solo enfrentarán severas sanciones administrativas, sino también consecuencias penales.
En paralelo, la Fiscalía sigue rastreando compras de vehículos e inmuebles a nombre de terceros. Se estima que al menos 12 personas más están siendo indagadas. Rodríguez sostuvo públicamente que las pruebas apuntan de manera “bastante sólida” a una estructura delictiva cuya finalidad era sostener la maquinaria política del Partido Comunista.
La sombra de Juan Castillo sobre la estafa del SUNCA
El actual ministro de Trabajo, de profesión sindicalista y exsecretario del PCU, defendió con vehemencia a los sindicalistas involucrados y descalificó a la Fiscalía.
Que Castillo califique las denuncias como “imprudentes” es un intento de proteger a los responsables, en lugar de ponerse del lado de los trabajadores estafados.
Su reacción busca frenar una investigación que podría salpicar al partido y a su propia gestión, ya que la estafa vuelve a destrozar el nuevo gobierno del Frente Amplio.
Castillo, conocido por defender al dictador Nicolás Maduro, se encuentra cada vez más cerca de la red corrupta que hoy se investiga.
Agosto: mes decisivo para la democracia nacional
Con la feria judicial culminada, el fiscal Gilberto Rodríguez iniciará una nueva y decisiva ronda de citaciones que pondrá a prueba la independencia de la Justicia en Uruguay.
Decenas de sindicalistas vinculados al Partido Comunista serán llamados a declarar ante la Justicia para esclarecer el destino de millones de pesos desviados del Fosvoc e identificar a todos los corruptos.
El senador Óscar Andrade y el diputado Daniel Diverio ya no pueden eludir la evidencia: están completamente comprometidos en la que probablemente sea la estructura de corrupción política-sindical más grave de los últimos tiempos en Uruguay.
Agosto será crucial: mostrará si la Justicia se atreve a llegar hasta el fondo —caiga quien caiga— o si, como en 2009 con la muerte de Eduardo Javier Gómez Canon, quedará una vez más la evidencia de que existen límites que no se pueden cruzar y que la independencia de los poderes en Uruguay no existe.
