El presidente demócrata amplió el Obamacare a los extranjeros ilegales inscritos en el programa DACA, un costo adicional de casi 3 mil millones de dólares para el Gobierno Nacional.

Este viernes, Biden emitió un decreto para extender los servicios de salud pública del Obamacare y de Medicaid a los inmigrantes ilegales que estén inscriptos en el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que otorga derechos especiales de ciudadanía a casi un millón de extranjeros.

Obama creó por primera vez el programa DACA mediante una orden ejecutiva en 2012, protegiendo a más de 800.000 extranjeros ilegales para que no sean deportados a lo largo de los años, apodados por los demócratas como "soñadores", quienes por estudiar o tener un trabajo podían quedarse en el país a pesar de no tener documentos, aunque con el pasar de los años, se descubrió que no todos cumplían con esos requerimientos.

En este contexto, los investigadores del Centro de Estudios de Inmigración estimaron que el costo de abrir las listas de Obamacare y Medicaid a los extranjeros ilegales costaría a los contribuyentes estadounidenses alrededor de US$ 4.600 por inmigrante.

A ese ritmo, el decreto de Biden tiene el potencial de costarle a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente US$ 2.800 millones de dólares cada año. Esto mientras más de 25 millones de estadounidenses al día de hoy no tienen acceso a los beneficios del Obamacare o Medicaid.

En la justificación de la medida, Biden expresó: "Hace casi doce años, el presidente Obama y yo anunciamos el programa DACA para permitir que nuestros jóvenes vivan y trabajen en el único país al que han llamado hogar. Desde entonces, DACA ha brindado a más de 800,000 Dreamers la capacidad de trabajar legalmente, obtener una educación y contribuir con sus inmensos talentos para hacer que nuestras comunidades sean mejores y más fuertes".

"Estoy orgulloso de las contribuciones de los Soñadores a nuestro país y comprometido a brindarles el apoyo que necesitan para tener éxito. Es por eso que anteriormente ordené al Departamento de Seguridad Nacional que tomara todas las medidas apropiadas para preservar y fortalecer DACA", continuó.

"Y es por eso que hoy estamos dando este paso histórico para garantizar que los beneficiarios de DACA tengan el mismo acceso a la atención médica a través de la Ley de Atención Médica Asequible que sus vecinos.

Biden había anunciado por primera vez la iniciativa para obtener exenciones fiscales para extranjeros ilegales de DACA a través de Obamacare en abril del año pasado. En ese momento, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, elogió la medida, dando una señal para que más inmigrantes intenten ingresar a Estados Unidos y obtener estos beneficios.

Los senadores republicanos JD Vance y Josh Hawley, así como varios diputados conservadores de la Cámara Baja, habían presionado a Biden para que abandonara el plan el año pasado, pero la administración siguió adelante de todos modos.

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2012, Obama prometió a los estadounidenses que los extranjeros ilegales no serían elegibles para Obamacare, pero más de una década después, su sucesor, Biden, tiene la determinación de completar la destrucción del país.

El gobierno de Biden está manteniendo reuniones con ONGs para conseguir movilizar a la población carcelaria para que voten en las elecciones nacionales.

En marzo de 2021, el recientemente asumido presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva titulada “Promoción del acceso al voto”, que presentó como un esfuerzo “no partidista” de todo el gobierno para lograr expandir las maneras de sufragar de los ciudadanos, de manera de “ampliar las oportunidades de los ciudadanos de registrarse para votar y obtener información y participar en el proceso electoral”.

Luego de la firma del decreto, la administración Biden celebró una “sesión de escucha” con varias ONGs para poner en funcionamiento el decreto, el cual, entre otras cosas, faculta a las organizaciones sin fines de lucro a realizar campañas de afiliación y de votación en lugares donde "hay bajos niveles de acceso al voto".

Según una investigación del Oversight Project, que accedió a notas de dicha reunión, los funcionarios hablaron principalmente sobre registrar a los convictos para votar y crear una masa de votantes masiva.

Cabe aclarar que hay más de 5 millones de personas arrestadas o detenidas en Estados Unidos, lo que implica casi un 2% del padrón electoral, que de votar, certeramente lo haría por el Partido Demócrata, que tiene entre sus propuestas reducir las penas y ser más laxo con el crimen.

En una nota particular, un funcionario del Sentencing Project mencionó la importancia de que la Oficina de Prisiones notifique a los “votantes recién elegibles sobre su derecho a votar”. Ese funcionario también sugirió que “la privación del derecho al voto por un delito grave es supresión de votantes”.

Otro funcionario del Campaign Legal Center dijo que quieren que la Oficina de Prisiones implemente un sistema de registro de votantes que informe a los convictos sobre su derecho a votar después de salir de prisión.

Otras notas de la sesión de escucha se centraron en facilitar que los inmigrantes, presumiblemente ciudadanos recién naturalizados, ingresen en las listas de votantes del país.

Cabe aclarar que en Estados Unidos los presos tienen derecho al voto, pero como el sufragio no es obligatorio, la gran mayoría de los reos no lo hacen, y los niveles de participación electoral de la población carcelaria en el país es ínfima.

Un funcionario de Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) dijo: “Inmigrantes y no ciudadanos: apoyamos los esfuerzos de registro de votantes. Queremos asegurarnos de que se hagan con cuidado. Todos los empleados federales deben recibir capacitación en esto. Hay que promover la necesidad de confiar en que las personas actúan dentro de los límites de la ley. Especialmente cuando hay problemas de idioma”.

Otro funcionario de Asian Americans Advancing Justice dijo que la “información de registro de votantes debería ser obligatoria en las ceremonias de naturalización” y que el sitio web oficial del gobierno para el registro de votantes debería traducirse a muchos idiomas.

El informe que reveló estas reuniones, calificó la medida de Biden como “un esfuerzo partidista de movilización de votantes” que busca “influir en el resultado de futuras elecciones mediante el uso de recursos, infraestructura y alcance federales”.

El equipo de campaña del Partido Demócrata entró en crisis esta semana tras la publicación de una encuesta del medio ultra-partidario CNN que solía dar a Biden más de diez puntos arriba de Trump, pero ahora reveló al republicano seis puntos por encima.

El expresidente Donald Trump está midiendo a niveles récord de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre, obteniendo su mayor ventaja jamás registrada en una encuesta de CNN que se realizó esta semana.

Trump, con un 49%, está seis por ciento por delante del 43% de Biden, una diferencia en su favor nunca antes vista en las encuestas, ni siquiera cuando el republicano le ganó a Hillary Clinton en el 2016.

Cabe aclarar que la encuestadora de CNN, la empresa basada en Pensilvania, SSRS Research, suele tener un fuerte sesgo en favor de los demócratas. De hecho, nunca había medido a Trump por encima de un oponente demócrata hasta ahora.

La diferencia de Trump sobre Biden se agranda cuando se agrega a la encuesta candidatos de terceros partidos como el liberal Robert F. Kennedy Jr., la ecologista Jill Stein y el socialista Cornel West, la ventaja de Trump sobre Biden crece a casi dos dígitos.

Dado que todos estos candidatos de partidos menores le quitan votos a Biden, en ese escenario Trump tiene un 42%, Biden tiene un 33%, Kennedy tiene un 16%, West un 4% y Stein un 3%, poniendo al reppublicano nueve puntos por encima de la oferta demócrata.

Este escenario todavía no mide al candidato del Partido Libertario, que suele sacar entre un 2 y un 3 por ciento de los votos, y le suele robar íntegramente votos al Partido Republicano, por lo que se puede esperar que a fin de cuentas la balanza resulte más equilibrada.

De todos modos, esta medición, aunque indica un fuerte clamor popular por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, no asegura su victoria. Las elecciones en Estados Unidos no se ganan por voto poular, si no que se ganan por quien se impone en la mayor cantidad de estados.

De esta manera, es importante mirar la intención de voto en los estados clave: Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Georgia, Arizona, Carolina del Norte, Nevada y Virginia. Trump, para ganar, necesita no solo ganar los estados usualmente republicanos, sino que tiene que ganar en por lo menos 5 de éstos.

Según las últimas encuestas para estos estados, a la fecha y siguiendo el índice promedio de la agregadora de sondeos RCP, Trump se impone en todos los estados clave menos en dos: Minnesota y Virginia.

• Pensilvania: Trump: 48,3%; Biden: 47,7%; Indecisos: 4,0%.
• Michigan: Trump: 46,3%, Biden: 45,0%; Indecisos: 8,7%.
• Wisconsin: Trump: 49,3%; Biden: 47,5%; Indecisos: 3,2%.
• Minnesota: Trump: 40,7%; Biden: 43,0%; Indecisos: 16,3%.
• Georgia: Trump: 49,2%; Biden: 45,2%; Indecisos: 5,6%.
• Arizona: Trump: 49,3%; Biden: 44,3%; Indecisos: 6,4%.
• Carolina del Norte: Trump: 48,4%; Biden: 43,0%; Indecisos: 8,6%.
• Nevada: Trump: 48,8%; Biden: 44,0%; Indecisos: 7,2%.
• Virginia: Trump: 42,0%; Biden: 46,3%; Indecisos: 11,7%.