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El presidente firmó el decreto que relevó a Mauricio Macri del secreto de Estado para declarar en la causa por supuesto espionaje

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Lo autorizó Alberto Fernández ante el requerimiento del juzgado de Dolores para que se concrete la frustrada declaración indagatoria. Solo tiene impacto en la causa en la que se lo investiga por presunto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Apuntan a la titular de la AFI por no haber notificado a la Casa Rosada de un requerimiento del juez Bava.

Luego de una espectacular puesta en escena, con caravanas, militantes, dirigentes y ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri no pudo declarar ante el juez Martín Bava por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan porque la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reconoció, en un legajo reservado y restringido a las partes, que el organismo no tenía entidad suficiente para relevarlo del secreto de Estado a un ex jefe de la Nación.

Nadie se había percatado de esta situación y el ex presidente se retiró de Dolores sin emitir una palabra ante el magistrado y logró así aplazar su indagatoria. Por eso, rápidamente el juzgado tomó cartas en el asunto y como es Alberto Fernández quien debía relevar a Macri del secreto de Estado por la Ley de Inteligencia, el pedido para que esto sucediera tuvo que ingresar a Casa Rosada, pudo saber Infobae.

El Presidente lo firmó por la tarde y a primera hora de este viernes ya figura en el Boletín Oficial.

De esta forma Martín Bava tiene despejado cualquier inconveniente para que se pueda efectuar la indagatoria, el principal acto de defensa de cualquier ciudadano en un proceso penal. El decreto solo tiene impacto en la causa en la que se investiga a Macri por presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

El decreto detalla: “El Presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1° Relévase al ingeniero Mauricio MACRI (D.N.I. N° 13.120.469) de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, en los términos de la Ley Nº 25.520 y en el marco de la causa Nº 8559/20 caratulada “IUSPA BENITEZ, NICOLAS Y OTROS s/AVERIGUACIÓN DE DELITO QUERELLANTE: MERELES, ANDREA ALEJANDRA Y OTROS” en la cual resulta imputado, y que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires”. El documento lleva las firmas digitales de Alberto Fernández, pero también de Juan Manzur, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y de Martín Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El pedido que había hecho el tribunal lo trabajó de manera urgente la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, ya que se había decidido acelerar el trámite para que el jefe de Estado rubricara el decreto simple -no DNU- ayer antes de irse a Roma por la cumbre del G20. El apuro se debió a que si no se hacía antes de la noche del jueves, quien iba a tener que firmarlo era Cristina Kirchner que quedó a cargo del Ejecutivo.

Según pudo saber Infobae, el traspié en el trámite de la causa se debió a que la titular de la AFI, Cristina Caamaño respondió un oficio del juez Bava vinculado a la preservación del secretado de Estado sin notificar, previamente, a la Casa Rosada. Esa requisitoria fue hace tres semanas.

A pesar de esto, aún no hay fecha para que Macri vuelva a declarar y en su entorno y en la dirigencia de Juntos por el Cambio fue tomado como un día de victoria que ratificó lo que la oposición venía diciendo sobre esta indagatoria: “Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones; nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”, dijo a la salida del juzgado Pablo Lanusse, abogado del ex presidente.

La causa

La de ayer hubiera sido la primera indagatoria de Mauricio Macri desde que dejó la presidencia. Martín Bava, a cargo del juzgado federal de Dolores, que lo encontró sospechoso de haber espiado a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que reclamaban buscar a sus seres queridos después de la desaparición de la nave hace cuatro años en las aguas del Mar Argentino.

A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. En total, son seis los hechos de ciberpatrullaje, fotografías y seguimientos que se le achacan al ex jefe de Gobierno porteño.

Según los fundamentos de Bava para considerar al ex mandatario sospechoso, esas diligencias sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.

Macri siempre rechazó las acusaciones, tanto en posteos en redes sociales como en entrevistas y durante el acto que encabezó en Dolores: “Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra”.

“Estoy acá porque siempre damos la cara, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras intenciones. Sabemos que si ellos creen que estos dos años de agresiones, esa obsesión permanente de mi persona, si creen que con eso van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Argentina tiene futuro, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y el 14 vamos a ratificarlo”, completó.

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El Gobierno de Milei evalúa comprar más armamento militar: tanques, vehículos blindados, y hasta un nuevo submarino

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El Ministerio de Defensa está teniendo conversaciones para adquirir más equipamiento para el Ejército y la Armada, en medio de un rearme histórico que dejará en el pasado la desfinanción de las Fuerzas Armadas.

Después de confirmar la adquisición de los 24 aviones F-16 para la Fuerza Aérea Argentina (FAA), el Gobierno de Javier Milei está evaluando la posibilidad de agregar más armamento militar tanto para el Ejército como para la Armada Argentina, que también necesitan varias actualizaciones en su equipamiento, como consecuencia del desfinanciamiento y el abandono por parte de los gobiernos kirchneristas.

El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, está considerando ofertas de material bélico para incorporar blindados 8×8 para el Ejército y está explorando opciones en el mercado para modernizar la flota naval de la Armada. Sin embargo, la cuestión presupuestaria se presenta como un desafío difícil de superar en este sentido.

El proyecto relacionado con los blindados parece ser el más factible en este momento. El Ejército ha estado evaluando desde hace tiempo la posibilidad de agregar un vehículo blindado multifuncional para el transporte de soldados. La opción actualmente considerada es el M116 Stryker, de origen norteamericano/canadiense. «Esta administración está analizando cuál sería el vehículo más adecuado«, comentaron fuentes militares.

Al igual que con los F-16, Estados Unidos ya ha dado su aprobación para que Argentina pueda adquirir estas unidades. De hecho, se están discutiendo la posibilidad de comprar un lote de estos blindados 8×8 que actualmente están en servicio en Nueva Zelanda.

El proyecto de vehículos blindados sobre ruedas ha estado en consideración durante un tiempo. Hace dos o tres años se llevaron a cabo pruebas en el país con el vehículo de origen brasileño Guaraní 6×6, aunque el proyecto eventualmente se frustró. Sin embargo, la idea sigue en pie. Este vehículo no es un tanque de guerra, sino más bien un vehículo equipado con armamento más ligero pero con la capacidad de transportar grupos de personas en su interior.

Desde la llegada de Javier Milei, la Casa Rosada ha estado buscando que Argentina sea aceptada como «socio global» de la OTAN. La carta de intención fue presentada por el ministro Petri. La eventual compra de este equipamiento busca situar al país en un estándar acorde al equipamiento de las naciones que ya forman parte de este bloque. Actualmente, las fuerzas armadas argentinas están significativamente rezagadas en comparación con países vecinos como Chile y Brasil.

Aunque los detalles de las negociaciones se mantienen en secreto, se está considerando la compra de alrededor de 100 vehículos blindados, aunque la cifra exacta se definirá en etapas posteriores de las conversaciones. «Existe una determinación firme para avanzar, pero todavía quedan aspectos por definir«, aclararon.

En este contexto, el Gobierno está evaluando las posibilidades de adquirir nuevas unidades marítimas para la Armada Argentina, una tarea sumamente compleja. La compra de equipamiento militar para la Marina implica costos mucho más elevados que para el resto de las fuerzas. «Un buque de guerra es un activo muy costoso que actualmente el país no tiene los recursos para adquirir«, explicaron.

Las autoridades de la Armada han estado evaluando varias opciones de submarinos de segunda mano con el objetivo de adquirir al menos uno para mantener el entrenamiento de los submarinistas. Desde la tragedia del ARA San Juan en noviembre de 2017, el país no cuenta con submarinos activos. Sin embargo, la viabilidad de esta adquisición se ve obstaculizada principalmente por limitaciones presupuestarias.

El pasado lunes, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la compra de los aviones F-16, cuyo costo ascenderá a 300 millones de dólares, a los que se sumarán otros 300 millones de dólares en armamento. Este pago se realizará en cinco cuotas anuales según lo estipulado en la decisión administrativa 252/2024.

Además, se estima que el país destinará entre 10 y 15 millones de dólares para realizar mejoras en la base aérea de Tandil, donde se ubicarán estos aviones de combate. Se requerirán trabajos de reacondicionamiento de espacios, repavimentación de la pista de despegue y aterrizaje, ampliación de hangares, instalación de nueva tecnología como simuladores de vuelo, entre otras mejoras.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Gracias a la gestión de Milei y Mondino, Argentina se convierte formalmente en un país candidato a ingresar a la OCDE

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La Canciller se reunió hoy con Mathias Cormann, secretario general del organismo internacional que promueve el desarrollo económico. Con esta misión, Milei busca profundizar el alineamiento con Occidente.

Después de varios años de negociaciones, Argentina recibió oficialmente la «Hoja de Ruta» para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de naciones desarrolladas que promueve el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, estuvo presente en la ceremonia del Consejo de Ministros celebrada en Francia y expresó su satisfacción por la bienvenida al organismo internacional. Durante su intervención, la Canciller destacó la importancia de cumplir con los rigurosos requisitos que se les exigen a los países durante este proceso, con el objetivo de lograr un cambio de calidad necesario para Argentina.

La OCDE, con sede en París, es conocida como el «club de los países desarrollados«, y consta de 38 naciones, entre las cuales se encuentran potencias y países emergentes. Sus principales líderes son Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón. Colombia y Chile son los únicos representantes de la región en este selecto grupo.

Argentina manifestó su interés en unirse a la OCDE durante la presidencia de Mauricio Macri, durante los años 2016 y 2017. Sin embargo, con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno en 2019, la Casa Rosada cambió su política exterior y la relación con la OCDE se enfrió.

«Esperamos que las políticas efectivas que emanan de la OCDE puedan ser implementadas a través de un diálogo constructivo con todos los demás países miembros, especialmente con Argentina«, añadió Mondino.

Además, destacó: «Hoy marca el comienzo de un nuevo proceso. Hemos iniciado, nos hemos detenido y ahora retomamos la marcha«.

En enero de 2022, la OCDE contactó al Gobierno argentino mediante una carta para averiguar su interés en avanzar en el proceso de adhesión. Sin embargo, el proceso se estancó.

Al asumir la presidencia, Milei orientó la política exterior del país hacia Occidente y reactivó las gestiones diplomáticas para que Argentina sea admitida como miembro del «club de países desarrollados».

A principios de este año, el consejo de la OCDE evaluó una carta proveniente de la Casa Rosada para reanudar las gestiones. Como resultado, el organismo dio luz verde a la siguiente fase del proceso, que consiste en el «diseño de la Hoja de Ruta para el proceso de adhesión». Este será el primer paso oficial para retomar el proceso de acceso a la OCDE.

Durante la mañana, Mondino sostuvo una reunión bilateral con Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, y luego participó en la ceremonia inaugural del evento en París. En este contexto, se formalizó el anuncio de la aprobación de la Hoja de Ruta como el primer paso en el proceso de ingreso de Argentina a este selecto grupo de países desarrollados. Con este objetivo, Milei busca fortalecer el alineamiento con Occidente.

Pertenecer a la OCDE confiere un reconocimiento notable en el ámbito internacional y sirve como estímulo para impulsar el desarrollo económico de los países mediante un enfoque de colaboración que facilita las inversiones entre sus miembros. Sin embargo, el ingreso no es un proceso simple. Puede llevar alrededor de cinco años y requiere cumplir con una serie de criterios económicos, institucionales y de gobernanza.

La ministra de Relaciones Exteriores regresó de China, donde lideró una misión diplomática para mejorar las relaciones comerciales con Beijing, reafirmar la cooperación en asuntos económicos y, especialmente, negociar la renovación del swap de monedas para fortalecer las reservas del Banco Central. Al llegar a Francia, fue recibida en el Aeropuerto Charles De Gaulle por Ian Sielecki, el recién nombrado embajador argentino en París.

El equipo argentino que acompaña a Mondino incluye a Pablo Quirno, secretario de Finanzas de la Nación, Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Federico Barttfeld, jefe de Gabinete del Palacio San Martín, y Gerardo Díaz Bartolomé, diplomático a cargo de la comunicación del Palacio San Martín. La ministra de Relaciones Exteriores permanecerá en París hasta el viernes y luego continuará su gira diplomática en Bélgica.

Durante su estadía, Mondino participará en la ceremonia inaugural y tomará la palabra en la sesión de la OCDE sobre «Promoción del comercio y la inversión libres y justos para acelerar un crecimiento económico sólido: un orden económico internacional libre, justo y basado en reglas». También tiene previsto mantener una serie de reuniones diplomáticas en el Château de la Muette, la lujosa sede del organismo internacional ubicada en el parque Bois de Boulogne de París, donde estará acompañada por su comitiva y por Sielecki.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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El Gobierno de Milei apuntó contra intendentes por cobrar más cara la nafta con impuestos municipales

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“Dejan atada a la gente a tener que abonar la tasa compulsivamente”, sostuvo Manuel Adorni. Si bien existe desde hace años, varios municipios se sumaron a esa medida en los últimos meses.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó hoy contra los intendentes que cobran más cara la nafta por la aplicación de un impuesto en sus municipios y adelantó que el Gobierno “evalúa todas las alternativas para que esto deje de ocurrir y no pase este abuso en el que tienen cautiva a la gente”.

Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través del ticket de combustible, por ejemplo«, aseguró el portavoz. «Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir, que no pase, en un abuso que hay, que tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

Ante la caída de los ingresos por la crisis y el ajuste público implementado desde Casa Rosada, varios jefes comunales del conurbano bonaerense decidieron implementar una serie de tasas e impuestos para equilibrar sus cuentas.

A pesar de que los aumentos de las tasas a los combustibles son responsabilidad de los municipios, públicamente la gente responsabiliza al Gobierno Nacional por la suba de los precios finales, por lo que la administración de Milei evalúa medidas para paliar las subas.

Del total de comunas que conforman el Gran Buenos Aires, 19 ya aplican o tienen previsto aplicar esta tasa, la cual varía entre el 1,5% y el 2,5% del precio del litro de combustible, o incluso algunos pretenden establecerlo como un monto fijo.

El ingreso por esta vía consiste en cobrar un sobreprecio a cada litro de nafta o metro cúbico de GNC que se cargue en cualquiera de las estaciones de servicio ubicadas en cada partido. Estas tasas producen ingresos significativos en varias de las arcas locales, y municipios tanto oficialistas como opositores la aplican desde hace años, pero nunca tan caro como ahora.

Municipio por municipio

Por este costo adicional, el precio de los combustibles puede variar a pocos kilómetros de distancia en el conurbano bonaerense. Los municipios de Merlo, Pilar y Moreno encabezan el ranking. En el distrito que conduce el intendente peronista Gustavo Menéndez rige una alícuota del 2,50% para los combustibles líquidos y sube a un 4,50% para el GNC. El pilarense Federico Achával, también de Unión por la Patria, decidió este año también crear una de estas tasas por valores similares.

Otro de los distritos que decidió innovar es el de la intendente de Quilmes y militante de La Cámpora, Mayra Mendoza, que logró la aprobación en el Concejo Deliberante de la incorporación de este mecanismo recaudatorio para aplicar un 2% de cobro municipal sobre el precio total de las naftas.

En La Matanza, el distrito más poblado, el porcentaje es de un 1,5% por litro para las naftas y el gasoil; y de un 1% para el metro cúbico de GNC. Mientras que en José C. Paz, el intendente Mario Ishii estableció un impuesto del 1% sobre el precio de los combustibles líquidos y del GNC vehicular.

En Berazategui, donde gobierna Juan José Mussi, se votó en una sesión extraordinaria que esa tasa será sobre el 2% de la carga de combustible. El tributo también funciona en Avellaneda, Escobar, Florencio Varela, Vicente López y Hurlingham.

Si bien San Isidro es uno de los municipios que también cobran la tasa vial, el intendente Ramón Lanús, del PRO, anunció que la eliminarán próximamente en sintonía con los lineamientos del Gobierno Nacional que preside Javier Milei.

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