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En los últimos 20 años, el Estado argentino le sacó 11 millones de dólares por día al Campo en retenciones

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Desde que Duhalde reinstauró en 2002 los derechos de exportación al campo, el Estado se quedó con 76 mil millones de dólares, que derrochó prácticamente en su totalidad.

Los derechos de exportación o retenciones no son algo nuevo en Argentina. Sus orígenes datan del 1862 y han sido usados durante diversos gobiernos para aumentar la recaudación o intentar, aunque inútilmente, controlar los precios internos. Es una caja a la que los gobiernos le meten mano cuando las papas queman, básicamente.

Menem las eliminó en 1991 pero Duhalde, tras la crisis, las reinstauró en 2002. El kirchnerismo en sus 12 años hicieron uso y abuso de las retenciones, hasta que Macri las eliminó para algunos productos en 2015, pero dio marcha atrás en 2018, tras otra crisis.

Ahora, Alberto Fernández, en su afán de incrementar recaudación y de controlar los precios, aumenta las retenciones para los derivados de la soja del 31% al 33%. Es pertinente entonces analizar cuál ha sido el desempeño de las retenciones a lo largo de estos 20 años y cómo ha impactado en el sector; más allá de cuál sea la posición ideológica o moral sobre este tema.

Así las cosas, calculando el monto retenido al complejo agroexportador desde el 2002, ese importe llega a la suma de 76 mil millones de dólares. Es decir que al campo le han retenido 11 millones de dólares por día en 20 años. Además, al finalizar el 2021, el monto cobrado se incrementó 975% respecto al primer año de implementación y la participación se elevó 23 puntos.

En primer lugar, con esta masiva cantidad de dinero retenido no se hicieron las inversiones en infraestructura que posibiliten mejoras en el comercio, la producción y el beneficio de los ciudadanos, lo cual era la promesa de la clase política para justificar los derechos de exportación.

Por el contrario, si tomamos el Índice de desempeño logístico del Banco Mundial, que mide la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, vemos que Argentina ha retrocedido en los últimos 10 años. En cambio, este dinero se podrá encontrar en el aumento del peso del Estado en la economía, en la cantidad en crecimiento de empleados públicos y en el despilfarro en empresas estatales.

Si bien ese dinero hubiera sido más eficiente en las manos del campo, vemos que ese dinero ya en las manos del Estado podría haber sido usado de maneras muy beneficiosas para la población. A saber: la construcción de una nueva central de energía nuclear, la construcción de 3 mil kilómetros de rutas, la construcción del equivalente a 5 líneas D de subte, la construcción de un tren de alta velocidad entre Buenos Aires y Córdoba, la construcción de 300 escuelas técnicas, la construcción de 24 hospitales de alta complejidad, la construcción de 200 mil viviendas y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas costarían en su conjunto menos del 60% de todo lo retenido al agro en concepto de retenciones. El 40% restante corresponde a casi la totalidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 

Un análisis interesante, también, es el de las rentabilidades del sector. El costo por hectárea fue evolucionando a lo largo de estos 20 años, pasando de 290 dólares por hectárea en 2002 a 934 dólares por hectárea en 2021. Utilizando en el rendimiento, el costo y precio por hectárea, la rentabilidad que se obtiene tocó su pico en 2003, cuando fue del 41,7%. Nunca volvió a acercarse a ese valor y, de hecho, en tres oportunidades presentó rendimientos negativos o neutros. Es el caso de 2009, cuya rentabilidad fue del -4,4%; el caso del 2018, con una rentabilidad de -17%; y del 2020, marcando una rentabilidad del 0,1%. 

El ejercicio realizado pretende calcular las rentabilidades aislando y descontando las retenciones. Es decir, analizar cuánto hubieran sido las rentabilidades si no existieran los derechos de exportación. Los resultados arrojan que, para los años con rendimientos negativos o neutros, hubiera habido una rentabilidad del 30,5%; 12,4% y 19,6% para los años 2009, 2018 y 2020, respectivamente

Más rentabilidad, a diferencia de lo que el gobierno cree, no significa únicamente que el productor puede darse más lujos en su vida diaria. Significa, además, que al año siguiente incrementará su inversión para producir más, aumentando el valor agregado e incrementando la mano de obra, directa o indirectamente. 

Por supuesto no se puede pensar que esta suba en la rentabilidad no tendría su correlato en la producción. Si el incremento de la producción de soja eliminando las retenciones fuera similar al evidenciado cuando se eliminaron las retenciones al maíz y al trigo a finales de 2015, la producción subiría de 45 millones de toneladas en 2021 a 79,8 millones de toneladas. A precios actuales, es un incremento en divisas liquidadas de más de 20 mil millones de dólares. 

No dejan de sorprender la gran potencialidad que tiene el sector privado argentino y, a su vez, la gran voracidad del Estado que, a pesar de haber retenido para el fisco nacional durante dos décadas el equivalente a 76 mil millones de dólares, sigue buscando maneras de quedarse con más porcentaje del esfuerzo ajeno, puesto que, sólo se hizo hincapié en las retenciones y no en toda la otra parte de la carga impositiva y regulatoria, como la brecha cambiaria.

La historia hubiera sido otra si se hubiera puesto el foco en la producción y no en la recaudación, con vistas al desarrollo futuro de la Nación y de su crecimiento sostenible, con la mirada de un verdadero estadista al mando.


Por Jeremías Morlandi, Director de Políticas Públicas del CEEAXXI, e Ignacio Zorzoli, Director de Finanzas del CEEAXXI.

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El Gobierno de Milei evalúa comprar más armamento militar: tanques, vehículos blindados, y hasta un nuevo submarino

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El Ministerio de Defensa está teniendo conversaciones para adquirir más equipamiento para el Ejército y la Armada, en medio de un rearme histórico que dejará en el pasado la desfinanción de las Fuerzas Armadas.

Después de confirmar la adquisición de los 24 aviones F-16 para la Fuerza Aérea Argentina (FAA), el Gobierno de Javier Milei está evaluando la posibilidad de agregar más armamento militar tanto para el Ejército como para la Armada Argentina, que también necesitan varias actualizaciones en su equipamiento, como consecuencia del desfinanciamiento y el abandono por parte de los gobiernos kirchneristas.

El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, está considerando ofertas de material bélico para incorporar blindados 8×8 para el Ejército y está explorando opciones en el mercado para modernizar la flota naval de la Armada. Sin embargo, la cuestión presupuestaria se presenta como un desafío difícil de superar en este sentido.

El proyecto relacionado con los blindados parece ser el más factible en este momento. El Ejército ha estado evaluando desde hace tiempo la posibilidad de agregar un vehículo blindado multifuncional para el transporte de soldados. La opción actualmente considerada es el M116 Stryker, de origen norteamericano/canadiense. «Esta administración está analizando cuál sería el vehículo más adecuado«, comentaron fuentes militares.

Al igual que con los F-16, Estados Unidos ya ha dado su aprobación para que Argentina pueda adquirir estas unidades. De hecho, se están discutiendo la posibilidad de comprar un lote de estos blindados 8×8 que actualmente están en servicio en Nueva Zelanda.

El proyecto de vehículos blindados sobre ruedas ha estado en consideración durante un tiempo. Hace dos o tres años se llevaron a cabo pruebas en el país con el vehículo de origen brasileño Guaraní 6×6, aunque el proyecto eventualmente se frustró. Sin embargo, la idea sigue en pie. Este vehículo no es un tanque de guerra, sino más bien un vehículo equipado con armamento más ligero pero con la capacidad de transportar grupos de personas en su interior.

Desde la llegada de Javier Milei, la Casa Rosada ha estado buscando que Argentina sea aceptada como «socio global» de la OTAN. La carta de intención fue presentada por el ministro Petri. La eventual compra de este equipamiento busca situar al país en un estándar acorde al equipamiento de las naciones que ya forman parte de este bloque. Actualmente, las fuerzas armadas argentinas están significativamente rezagadas en comparación con países vecinos como Chile y Brasil.

Aunque los detalles de las negociaciones se mantienen en secreto, se está considerando la compra de alrededor de 100 vehículos blindados, aunque la cifra exacta se definirá en etapas posteriores de las conversaciones. «Existe una determinación firme para avanzar, pero todavía quedan aspectos por definir«, aclararon.

En este contexto, el Gobierno está evaluando las posibilidades de adquirir nuevas unidades marítimas para la Armada Argentina, una tarea sumamente compleja. La compra de equipamiento militar para la Marina implica costos mucho más elevados que para el resto de las fuerzas. «Un buque de guerra es un activo muy costoso que actualmente el país no tiene los recursos para adquirir«, explicaron.

Las autoridades de la Armada han estado evaluando varias opciones de submarinos de segunda mano con el objetivo de adquirir al menos uno para mantener el entrenamiento de los submarinistas. Desde la tragedia del ARA San Juan en noviembre de 2017, el país no cuenta con submarinos activos. Sin embargo, la viabilidad de esta adquisición se ve obstaculizada principalmente por limitaciones presupuestarias.

El pasado lunes, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la compra de los aviones F-16, cuyo costo ascenderá a 300 millones de dólares, a los que se sumarán otros 300 millones de dólares en armamento. Este pago se realizará en cinco cuotas anuales según lo estipulado en la decisión administrativa 252/2024.

Además, se estima que el país destinará entre 10 y 15 millones de dólares para realizar mejoras en la base aérea de Tandil, donde se ubicarán estos aviones de combate. Se requerirán trabajos de reacondicionamiento de espacios, repavimentación de la pista de despegue y aterrizaje, ampliación de hangares, instalación de nueva tecnología como simuladores de vuelo, entre otras mejoras.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Gracias a la gestión de Milei y Mondino, Argentina se convierte formalmente en un país candidato a ingresar a la OCDE

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La Canciller se reunió hoy con Mathias Cormann, secretario general del organismo internacional que promueve el desarrollo económico. Con esta misión, Milei busca profundizar el alineamiento con Occidente.

Después de varios años de negociaciones, Argentina recibió oficialmente la «Hoja de Ruta» para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de naciones desarrolladas que promueve el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, estuvo presente en la ceremonia del Consejo de Ministros celebrada en Francia y expresó su satisfacción por la bienvenida al organismo internacional. Durante su intervención, la Canciller destacó la importancia de cumplir con los rigurosos requisitos que se les exigen a los países durante este proceso, con el objetivo de lograr un cambio de calidad necesario para Argentina.

La OCDE, con sede en París, es conocida como el «club de los países desarrollados«, y consta de 38 naciones, entre las cuales se encuentran potencias y países emergentes. Sus principales líderes son Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón. Colombia y Chile son los únicos representantes de la región en este selecto grupo.

Argentina manifestó su interés en unirse a la OCDE durante la presidencia de Mauricio Macri, durante los años 2016 y 2017. Sin embargo, con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno en 2019, la Casa Rosada cambió su política exterior y la relación con la OCDE se enfrió.

«Esperamos que las políticas efectivas que emanan de la OCDE puedan ser implementadas a través de un diálogo constructivo con todos los demás países miembros, especialmente con Argentina«, añadió Mondino.

Además, destacó: «Hoy marca el comienzo de un nuevo proceso. Hemos iniciado, nos hemos detenido y ahora retomamos la marcha«.

En enero de 2022, la OCDE contactó al Gobierno argentino mediante una carta para averiguar su interés en avanzar en el proceso de adhesión. Sin embargo, el proceso se estancó.

Al asumir la presidencia, Milei orientó la política exterior del país hacia Occidente y reactivó las gestiones diplomáticas para que Argentina sea admitida como miembro del «club de países desarrollados».

A principios de este año, el consejo de la OCDE evaluó una carta proveniente de la Casa Rosada para reanudar las gestiones. Como resultado, el organismo dio luz verde a la siguiente fase del proceso, que consiste en el «diseño de la Hoja de Ruta para el proceso de adhesión». Este será el primer paso oficial para retomar el proceso de acceso a la OCDE.

Durante la mañana, Mondino sostuvo una reunión bilateral con Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, y luego participó en la ceremonia inaugural del evento en París. En este contexto, se formalizó el anuncio de la aprobación de la Hoja de Ruta como el primer paso en el proceso de ingreso de Argentina a este selecto grupo de países desarrollados. Con este objetivo, Milei busca fortalecer el alineamiento con Occidente.

Pertenecer a la OCDE confiere un reconocimiento notable en el ámbito internacional y sirve como estímulo para impulsar el desarrollo económico de los países mediante un enfoque de colaboración que facilita las inversiones entre sus miembros. Sin embargo, el ingreso no es un proceso simple. Puede llevar alrededor de cinco años y requiere cumplir con una serie de criterios económicos, institucionales y de gobernanza.

La ministra de Relaciones Exteriores regresó de China, donde lideró una misión diplomática para mejorar las relaciones comerciales con Beijing, reafirmar la cooperación en asuntos económicos y, especialmente, negociar la renovación del swap de monedas para fortalecer las reservas del Banco Central. Al llegar a Francia, fue recibida en el Aeropuerto Charles De Gaulle por Ian Sielecki, el recién nombrado embajador argentino en París.

El equipo argentino que acompaña a Mondino incluye a Pablo Quirno, secretario de Finanzas de la Nación, Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Federico Barttfeld, jefe de Gabinete del Palacio San Martín, y Gerardo Díaz Bartolomé, diplomático a cargo de la comunicación del Palacio San Martín. La ministra de Relaciones Exteriores permanecerá en París hasta el viernes y luego continuará su gira diplomática en Bélgica.

Durante su estadía, Mondino participará en la ceremonia inaugural y tomará la palabra en la sesión de la OCDE sobre «Promoción del comercio y la inversión libres y justos para acelerar un crecimiento económico sólido: un orden económico internacional libre, justo y basado en reglas». También tiene previsto mantener una serie de reuniones diplomáticas en el Château de la Muette, la lujosa sede del organismo internacional ubicada en el parque Bois de Boulogne de París, donde estará acompañada por su comitiva y por Sielecki.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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El Gobierno de Milei apuntó contra intendentes por cobrar más cara la nafta con impuestos municipales

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“Dejan atada a la gente a tener que abonar la tasa compulsivamente”, sostuvo Manuel Adorni. Si bien existe desde hace años, varios municipios se sumaron a esa medida en los últimos meses.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó hoy contra los intendentes que cobran más cara la nafta por la aplicación de un impuesto en sus municipios y adelantó que el Gobierno “evalúa todas las alternativas para que esto deje de ocurrir y no pase este abuso en el que tienen cautiva a la gente”.

Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través del ticket de combustible, por ejemplo«, aseguró el portavoz. «Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir, que no pase, en un abuso que hay, que tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

Ante la caída de los ingresos por la crisis y el ajuste público implementado desde Casa Rosada, varios jefes comunales del conurbano bonaerense decidieron implementar una serie de tasas e impuestos para equilibrar sus cuentas.

A pesar de que los aumentos de las tasas a los combustibles son responsabilidad de los municipios, públicamente la gente responsabiliza al Gobierno Nacional por la suba de los precios finales, por lo que la administración de Milei evalúa medidas para paliar las subas.

Del total de comunas que conforman el Gran Buenos Aires, 19 ya aplican o tienen previsto aplicar esta tasa, la cual varía entre el 1,5% y el 2,5% del precio del litro de combustible, o incluso algunos pretenden establecerlo como un monto fijo.

El ingreso por esta vía consiste en cobrar un sobreprecio a cada litro de nafta o metro cúbico de GNC que se cargue en cualquiera de las estaciones de servicio ubicadas en cada partido. Estas tasas producen ingresos significativos en varias de las arcas locales, y municipios tanto oficialistas como opositores la aplican desde hace años, pero nunca tan caro como ahora.

Municipio por municipio

Por este costo adicional, el precio de los combustibles puede variar a pocos kilómetros de distancia en el conurbano bonaerense. Los municipios de Merlo, Pilar y Moreno encabezan el ranking. En el distrito que conduce el intendente peronista Gustavo Menéndez rige una alícuota del 2,50% para los combustibles líquidos y sube a un 4,50% para el GNC. El pilarense Federico Achával, también de Unión por la Patria, decidió este año también crear una de estas tasas por valores similares.

Otro de los distritos que decidió innovar es el de la intendente de Quilmes y militante de La Cámpora, Mayra Mendoza, que logró la aprobación en el Concejo Deliberante de la incorporación de este mecanismo recaudatorio para aplicar un 2% de cobro municipal sobre el precio total de las naftas.

En La Matanza, el distrito más poblado, el porcentaje es de un 1,5% por litro para las naftas y el gasoil; y de un 1% para el metro cúbico de GNC. Mientras que en José C. Paz, el intendente Mario Ishii estableció un impuesto del 1% sobre el precio de los combustibles líquidos y del GNC vehicular.

En Berazategui, donde gobierna Juan José Mussi, se votó en una sesión extraordinaria que esa tasa será sobre el 2% de la carga de combustible. El tributo también funciona en Avellaneda, Escobar, Florencio Varela, Vicente López y Hurlingham.

Si bien San Isidro es uno de los municipios que también cobran la tasa vial, el intendente Ramón Lanús, del PRO, anunció que la eliminarán próximamente en sintonía con los lineamientos del Gobierno Nacional que preside Javier Milei.

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